Según un auto conocido este viernes, el titular del juzgado de Instrucción 9 de Madrid considera que ninguno de los dos reúne la condición de perjudicados en esta causa, tal como exige el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que revoca su admisión como acusaciones particulares dictada el pasado 4 de noviembre.

El instructor precisa que la única relación de Aldama con los hechos investigados se refiere a la manifestación del testigo y guardia civil Rubén Villalba, quien indicó que había tomado notas de reuniones mantenidas con Leire Díaz los días 10 y 26 de marzo de 2025 en las que se menciona al empresario.

La representación procesal de Aldama consideraba que habría sido objeto de un delito de revelación de secretos. Sin embargo, el tribunal subraya que dichos hechos no guardan relación con los que motivaron la incoación de la presente causa, que son presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, pretendiéndose ampliar la misma a un delito de revelación de secretos.

FALTA DE CONCRECIÓN

En cuanto a García-Castellón, el magistrado destaca que en su escrito de personación no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado en las presentes actuaciones más allá de indicar que, de diversos artículos periodísticos, se desprendería que la investigada difundió informaciones presuntamente falsas.

El auto señala que todo ello tendría la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del instructor. Sin embargo, el tribunal considera que resulta evidente que dicho menoscabo, de tener en su caso relevancia penal, sería un presunto delito de injurias, ajeno al objeto de la presente causa.

La Fiscalía se adhirió al recurso interpuesto por la defensa de Leire Diez en un escrito de fecha 22 de diciembre de 2025, al considerar que no concurrían las circunstancias exigidas por la normativa procesal para la personación como acusaciones particulares de ambos solicitantes.

La representación procesal del también investigado Javier Pérez Dolset también se adhirió al recurso, mientras que varias de las acusaciones populares personadas en la causa lo impugnaron, defendiendo la admisión de Aldama y García Castellón como acusaciones particulares en el procedimiento.

POSIBILIDAD DE ACCIÓN POPULAR

El auto deja sin efecto la personación de ambos como acusaciones particulares, pero no les cierra la puerta a participar en el procedimiento. El juez reconoce el derecho que asiste a Aldama y García-Castellón de interponer la correspondiente denuncia o querella para su investigación si consideran haber sido víctimas del referido delito.

Asimismo, el instructor señala expresamente la posibilidad de personarse en las presentes actuaciones mediante el ejercicio de la acción popular reconocida en el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con arreglo a los requisitos del artículo 280 del mismo texto legal.

La resolución judicial estima así el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal de la investigada Leire Diez de Castro contra el auto del pasado 4 de noviembre que había acordado la admisión de la personación como acusación particular de los dos solicitantes.