Es la advertencia lanzada desde España por la Asociación de Policías por la Defensa de los Animales (APDA), que este miércoles envió una carta a los eurodiputados solicitando el aplazamiento de la votación de ese Reglamento, prevista para este jueves, al tiempo que les convoca a una reunión para explicarles las razones de su advertencia.

"Lo que debería ser un avance histórico en la protección de estos animales en la Unión Europea puede convertirse, si se aprueba el texto actual, en una oportunidad perdida que supondría un retroceso de casi 40 años, volviendo a situaciones previas al Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía de 1987, aún en vigor, y que contradice los propios fundamentos de la propuesta legislativa", basada en el elevado número de abandonos y en "el 74% de la ciudadanía europea que demanda mayor protección para los animales domésticos, según cita el propio texto", explican desde la APDA.

El procedimiento legislativo comenzó el 7 de diciembre de 2023, cuando la Comisión Europea adoptó formalmente la propuesta. Tras año y medio de tramitación, fue el 3 de junio de 2025 cuando la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprobó un texto modificado tras la votación de decenas de enmiendas, incorporando reformas de gran calado que transforman de plano el enfoque original y que fueron publicadas el pasado 10 de junio.

Sin embargo, apenas 9 días después, se pretende su aprobación definitiva en el Pleno, este jueves, "sin que haya existido un tiempo real de análisis sobre las consecuencias prácticas y jurídicas de los cambios introducidos. Esta celeridad final genera una profunda inquietud sobre el fondo de las enmiendas y los intereses que pudieran subyacer".

En países como España, con elevadas tasas de abandono y saturación de centros de acogida, esta normativa sin control efectivo facilitará la cría, la venta y el traspaso de animales fuera del alcance de las autoridades, alertan desde la APDA. "Se generará una situación de competencia desleal entre profesionales legalmente establecidos y quienes actúen de forma opaca. Se dificultará aún más la labor de las fuerzas de seguridad, que ya enfrentan enormes obstáculos para identificar animales y perseguir infracciones. Ocasionará más gasto público y malestar social, e interesadamente se señalará a Europa como causante del foco, ocultando qué cargos públicos representativos de España han impulsado y apoyado estas enmiendas", explicaron.

Ante estos riesgos, la APDA ha enviado una petición formal a los eurodiputados para que se aplace la votación y se revise el texto con mayor rigor. Además, ha convocado una reunión virtual urgente mañana jueves 19 a las 9.00 horas con parlamentarios que deseen escuchar los argumentos de profesionales del ámbito policial.

Además, ha facilitado a los eurodiputados un documento de análisis breve que resume algunas de las enmiendas más controvertidas introducidas en el Reglamento. Entre otras, destaca la que exime de obligaciones a los criadores de hasta tres camadas por año; la restricción de la identificación únicamente a animales comercializados; la ausencia de mecanismos de control sobre la venta online; la posibilidad de dar muerte a perros de caza heridos en “lugares remotos”, sin necesidad de verificar las lesiones, bajo el mero criterio del dueño del animal; y la exclusión de todos los particulares, que suponen la mayor fuente de animales, del ámbito de aplicación del Reglamento, al limitarse este a operadores profesionales.

Estas enmiendas "suponen un cambio de enfoque radical respecto a la propuesta original de la Comisión Europea, y podrían dejar sin protección a millones de animales", alertó la APDA, que ha enviado asimismo a los eurodiputados el reciente decreto del Fiscal de Sala de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado, actual presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, Antonio Vercher, en el que "se insta a realizar inspecciones en clínicas veterinarias y centros de animales, tras la investigación y detención del responsable de una asociación que mató por exanguinación a más de 500 perros, en su mayoría galgos ingleses y españoles —una de las razas más utilizadas para la caza, y que con frecuencia son abandonados, hallados muertos o entregados a centros públicos y privados de protección animal—. Para obtener la sangre, les pinchaba directamente en el ventrículo izquierdo del corazón, provocándoles la muerte por shock hipovolémico. La sangre extraída era comercializada en clínicas veterinarias".

"Según información facilitada por los compañeros policiales que participaron en la investigación —el caso está pendiente de juicio—, entre los perros hallados había tanto animales identificados como muchos sin identificar. Este dato demuestra la dificultad para determinar si la cría fue o no 'comercial' y deja en evidencia la falta de trazabilidad real de los perros en general, y especialmente de los perros de caza, al estar asociados a una actividad, independientemente de las intenciones declaradas por sus propietarios en el momento de la cría".

Desde la APDA apelan también "al compromiso de las sociedades y federaciones de caza, muchas de las cuales desconocen las prácticas que algunos individuos desarrollan bajo el amparo de una licencia. Su colaboración es fundamental para avanzar hacia una normativa europea y española que proteja de forma eficaz a los perros utilizados para la caza en manos irresponsables, sin garantías de protección ni trazabilidad".

"Una regulación coherente no solo protege a los animales, sino que preserva la imagen del sector cinegético responsable, frente a quienes lo desacreditan con su conducta", concluyen, al tiempo que alertan de que la protección de los animales domésticos "no puede quedar relegada por intereses particulares, sectoriales o políticos" y de que "está en juego una norma europea que durante décadas marcará el futuro de la protección animal y la responsabilidad institucional en todos los países miembro".