Así lo reivindicó en un comunicado en el que precisó que la compra de libros, material escolar, ropa, comedor, transporte y actividades educativas supone un “importante” desembolso que “muchas” economías familiares “apenas pueden asumir, especialmente en un contexto marcado por el incremento continuado del coste de la crianza y el encarecimiento de la vida”.

Ante esta situación, la Alianza por la Crianza, formada por Save the Children, Federación Española de Familias Numerosas, Federación de Familias Monomarentales (FAMS), la Asociación de Madres Solteras por Elección y la Unión de Asociaciones Familiares, denuncia que la vuelta al cole “evidencia, un año más”, la “insuficiencia” de las políticas públicas de apoyo a la crianza en España y pide una mayor inversión en infancia de manera “urgente” teniendo en cuenta las diferentes realidades de la diversidad familiar.

"El problema no es únicamente el gasto extraordinario de septiembre. La vuelta al cole pone de manifiesto una realidad estructural: criar es cada vez más caro y las familias siguen asumiendo prácticamente en solitario un esfuerzo económico que debería ser compartido por toda la sociedad mediante políticas públicas suficientes", según la plataforma.

Las organizaciones de la Alianza advierten de que garantizar el acceso a la educación no puede limitarse a la escolarización gratuita y de que el derecho a la educación también implica poder participar “plenamente” en la vida escolar sin que el coste de libros, material, comedor, transporte o actividades complementarias “suponga una barrera”.

UN DERECHO

"La educación es un derecho, no un privilegio. Ningún niño o niña debería comenzar el curso en desventaja porque su familia no puede asumir los gastos que conlleva la escolarización", subrayaron las entidades.

Por ello exigen una mayor inversión en la educación pública y más apoyo a las familias a través de becas de comedor, gratuidad de libros de texto, ayudas para material escolar y medidas de conciliación de forma que se garantice la igualdad de oportunidades.

En paralelo, la Alianza por la Crianza reclama la puesta en marcha de una prestación universal por hijo o hija, de carácter “estable y suficiente”, que ayude a “compensar el coste real de la crianza y alcance a todas las familias”, con “refuerzos específicos” para aquellas que afrontan mayores dificultades y riesgo de pobreza o exclusión social, como las familias monomarentales, familias numerosas, de origen migrante o con niños o niñas con discapacidad.

Asimismo, insta a “reforzar” la inversión pública en infancia y familia para acercarla a la media europea y desarrollar políticas que permitan conciliar realmente el empleo y los cuidados.

Por ello ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reclamar la aprobación urgente de esta prestación universal, la mejora de medidas de conciliación y la protección efectiva de todas las familias.

"Las familias no necesitan medidas excepcionales cada mes de septiembre. Necesitan políticas estables que reconozcan que criar tiene un coste y que garantizar el bienestar de la infancia es una responsabilidad colectiva. España no puede seguir situando el peso de la crianza casi exclusivamente sobre las familias", sentenció.