Así lo informó ante los medios de comunicación tras reunirse en el Palacio de Cibeles con el sector de mercancías del Comité Madrileño de Transporte por Carretera (CMTM), encuentro en el que participó también el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Con esta medida, explicó Almeida, “se atiende la solicitud del sector de facilitar la distribución de mercancías en el centro de la ciudad y contribuir así al buen desarrollo de la actividad económica, ya que, con la normativa en vigor, esta tipología de vehículos tendría el acceso restringido a Centro a partir del 31 de diciembre de este año”.

Centro es el distrito que aglutina el mayor número de empresas y locales de la ciudad, según el censo municipal. Concretamente, hay registrados 20.318 negocios, que representan el 11,3 % del total (179.488) y constituyen una importante fuente de ingresos y empleo, así como un reclamo turístico. Diariamente acceden a la Zona de Especial Protección Distrito Centro 3.824 vehículos de hasta 3.500 kilogramos con clasificación ambiental B para repartir las mercancías de los establecimientos que requieren sus servicios.

Almeida señaló que el sector de transporte y distribución de mercancías “es esencial para la capital y su economía”, ya que representa el 6% del PIB de la Comunidad de Madrid (12.000 millones de euros al año) y ocupa a 120.000 trabajadores.

Por ello, añadió que, para el Gobierno municipal, “la sostenibilidad ambiental es una prioridad, pero es consciente de que las empresas y los autónomos que se dedican a la distribución urbana de mercancías se enfrentan al reto de la movilidad sostenible con dos escollos fundamentales derivados de la crisis económica actual”.

Por un lado, “la dificultad de renovar las flotas en el mercado automovilístico, ya que la covid-19 y la guerra de Ucrania han supuesto grandes demoras en las entregas de suministros de materias primas y componentes para la fabricación de vehículos, dilatando las cadenas de producción en el sector, especialmente para los vehículos de mercancías”.

Por otra parte, “la inflación del 6,8%, que este año ha registrado picos superiores al 10%, ha mermado la capacidad financiera, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, impidiendo que puedan asumir las inversiones que establece el calendario de acceso al distrito de Centro”.

Para sacar adelante la moratoria, el Gobierno municipal introducirá en la sesión plenaria del próximo 20 de diciembre una enmienda para la aprobación de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular mediante la que propone introducir una Disposición final cuarta para la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018.

Con ella se modifica el apartado 2 de la Disposición transitoria tercera sobre requisitos ambientales para el acceso al distrito de Centro, especificando que “hasta el 31 de diciembre de 2023” podrán acceder a la Zbedep Distrito Centro los vehículos a motor con, al menos, cuatro ruedas y MMA no superior a 3.500 kilogramos que dispongan de clasificación ambiental B.

“NO ES UN GUIÑO A VOX”

El regidor madrileño respondió a los medios de comunicación que esta medida “no es un guiño a Vox” para que le apoyen los presupuestos para el año 2023, sino “para resolver la situación y los problemas de los transportistas, que no podían ejercer su trabajo”.

“Los transportistas trabajaron y garantizaron el suministro mínimo a la ciudad de Madrid durante la pandemia”, por lo que “tenemos que hacer un esfuerzo para que no se vean perjudicados en una situación que ahora no pueden acometer”, remarcó el alcalde.

El alcalde de la capital incidió que esta medida era una “reivindicación lógica” de los transportistas que “no pueden cambiar sus medios de trabajo por la falta de suministros”.

Por último, criticó la “cerrazón” del resto de partidos políticos y apeló directamente “a Vox y a su dirección general” para que apoyen los presupuestos del Ayuntamiento para 2023, ante una decisión “personalísima” del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, que supone un “bloqueo” para el año que viene.