Almeida dijo que "no hay nada de humanitario en esta medida" y que lo último que preocupa a Pedro Sánchez son los "inmigrantes ilegales". El regidor madrileño opinó que la regularización es un "coladero en materia de seguridad", citando el informe del Consejo de Estado sobre esta medida y en relación con los antecedentes penales y su acreditación. Señaló que se podría originar "un grave problema de seguridad" y rechazó que eso sea una "afirmación racista".

Consideró la medida una "profundísima irresponsabilidad" que no obedece a la preocupación por las personas, sino a la intención de "amarrar el apoyo de Podemos" para "acabar con la agonía de legislatura".

Subrayó que no es un acuerdo con ayuntamientos o comunidades, sino con un prtido con pocos escaños pero cuyos votos son "decisivos". El alcalde insistió en que la única explicación al decreto es la necesidad de asegurar esos "cuatro votos en el Congreso de los diputados para que Pedro Sánchez pueda seguir en Moncloa". Recalcó que la medida no pone a los "inmigrantes ilegales en el centro" ni tiene "finalidad humanitaria".

Además, criticó la "profunda irresponsabilidad" de no haber dialogado con los ayuntamientos, incluido el de Madrid, con el que el Gobierno de España no ha tenido "ningún contacto". Reprochó que tampoco se ha explicado "absolutamente nada del proceso de regularización" ni cómo afectará a la ciudad, ni si habrá ayuda para la "carga en el ámbito de los servicios públicos".

En lo que respecta a las competencias municipales el Ayuntamiento es el facilitador del trámite de empadronamiento, imprescindible para esta regularización, pero también uno de los principales garantes de los servicios públicos de la ciudad.