Así lo dijo Almeida tras un acto en la Casa de la Panadería de la plaza Mayor en la mañana en que Maroto acudió a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar en el marco del proceso judicial por las declaraciones.

El regidor criticó que Maroto "ha traído la crispación, el enfrentamiento y el odio a la ciudad de Madrid y al Pleno del Ayuntamiento de Madrid". Subrayó la diferencia entre la legislatura anterior, en la que no estaba Maroto, y la presente en la que se han "vivido espectáculos que nunca se habían visto".

"Yo espero que hoy en el juzgado pida perdón de manera inequívoca, sin un solo pero, por habernos llamado asesinos y que al mismo tiempo reflexione sobre el odio, la crispación y el enfrentamiento y los episodios que jamás habíamos vivido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que han coincidido con su llegada", insistió.

Las declaraciones de Maroto se produjeron en el marco de la polémica por la emisión de un documental llamado '7.291' que relaciona las muertes de personas mayores en residencias durante lo peor de la pandemia con los protocolos sanitarios puestos en marcha por la Comunidad de Madrid.

La portavoz socialista, en concreto, dijo que fueron “fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas” en estas residencias. Posteriormente, publicó un comunicado, en el que admitía que su intención con estas declaraciones no era “acusar a nadie de asesinato, sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado” y afirmó que “no fueron las palabras más adecuadas”.

Las declaraciones a juicio del Gobierno regional traspasaron “todas las líneas rojas de la decencia política”. Ante esto, el Gobierno regional interpuso la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de esta querella si Reyes Maroto no se retractaba de sus declaraciones, “con el objetivo de defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia”. Al considerarse que no se había retractado, el Ejecutivo autonómico presentó la querella. Desde aquel momento las relaciones institucionales entre el PP y el PSOE están rotas y el Gobierno municipal únicamente invita a los concejales socialistas a actos institucionales.