Así se expresó el alcalde tras conocerse un auto judicial que rechaza el desalojo de Alejandro, vecino que aun permanece en los apartamentos y que se niega a abandonar el lugar desde hace dos años, cuando el Consistorio comenzó las gestiones para desalojar el lugar argumentando que había problemas que afectaban a la seguridad del inmueble y sus residentes.

El Ayuntamiento por el momento estudia el recurrir el auto y Almeida recordó hoy que hay otros dos autos judiciales que sí dan la razón al Ayuntamiento en estos desalojos. "A nuestro juicio, la persona que quiere ocupar ese apartamento, lo que tiene que tener en cuenta es que es necesario, de verdad, para garantizar la estructura y para garantizar la seguridad que podamos entrar a hacer esas obras, que nosotros le vamos a dar una alternativa, como ya se lo hemos dado a la mayoría de los vecinos de los apartamentos, que va a poder volver a ese apartamento, por supuesto, sin incremento de rentas, sin pérdida de ningún tipo de derecho", expresó.

Añadió que es "la petición hacia el usuario por el "problema de seguridad" es razonable e insistió en que se está estudiando un posible recurso contra la decisión judicial. Además, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad señalaron que con esta actitud quienes deciden quedarse en los apartamentos "ponen en riesgo su integridad física y bienestar y perjudican a los 57 usuarios que desde hace año y medio esperan el comienzo de las obras mientras se encuentran reubicados en residencias, donde se les ofrece una atención integral, o alojados en otros espacios, según sus preferencias.

Las obras que tenían un presupuesto de 3,8 millones de euros deberían haberse iniciado en octubre de 2024 y por el momento siguen a la espera de que se resuelva esta situación.

Desde la Asociación Vecinal La Chispera, que ha seguido el caso para defender a quienes quieren permanecer en el edificio. Exigieron el "comienzo inmediato de las obras" y que el Ayuntamiento abandone "la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto".

"Nunca se ha demostrado de forma fehaciente que el edificio tuviera que vaciarse por completo para acometer las obras. Tampoco se ha tratado con el cuidado y la responsabilidad debidos a personas mayores que vivían en un recurso público pensado precisamente para proteger su autonomía, su estabilidad, su vida cotidiana y sus lazos en el barrio", critican