Así se desprende del Observatorio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que explica que, solo en dos años, el alquiler de la vivienda se ha encarecido un 14% y el de los locales comerciales un 12%.

La situación resulta especialmente complicada para quienes viven de alquiler y, además, necesitan un establecimiento para desarrollar su actividad. En estos casos, el autónomo soporta simultáneamente el incremento del coste de vivir y del coste de trabajar.

Los precios analizados han sido contrastados con la oferta publicada en los principales portales inmobiliarios, tomando como referencia viviendas y locales de características comparables. Para medir el impacto de esta doble factura, el Observatorio ha comparado el coste conjunto de una vivienda de dos dormitorios y 70 metros cuadrados y un local comercial de 80 metros entre 2024 y 2026.

Solo en Madrid, mantener una vivienda y un local de estas características supone actualmente unos 3.100 euros mensuales, 400 euros más que en 2024 y cerca de 4.800 euros adicionales al año. El incremento no se limita a las grandes áreas metropolitanas. En Santander, Vigo, Cáceres o Jaén también se registran aumentos importantes que deben ponerse en relación con los niveles de renta y facturación de cada territorio.

Para UPTA, la presión inmobiliaria afecta ya al conjunto del territorio. “Un coste conjunto de 1.200, 1.500 o 3.000 euros mensuales puede comprometer seriamente la viabilidad de una actividad cuando debe afrontarse antes de pagar suministros, cotizaciones, mercancías, salarios o impuestos”, explica la entidad.

El incremento de los alquileres no solo reduce la renta disponible del trabajador autónomo, sino que también recorta su capacidad de ahorro, inversión y financiación. Cuanto mayor es el peso de los gastos fijos, menor es el margen para renovar maquinaria, adquirir un vehículo profesional, reformar el establecimiento, digitalizar el negocio o contratar personal.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, reclamó medidas para frenar la escalada de los alquileres, dar mayor estabilidad a los contratos y preservar los locales destinados a actividades económicas frente a su transformación en viviendas turísticas, vacacionales o residenciales.

“Hay que poner freno a los precios y dar estabilidad a quienes viven y trabajan de alquiler. No podemos permitir que el coste de la vivienda y del local termine expulsando a los autónomos y al pequeño comercio de nuestros barrios y ciudades”, señaló Abad.

Para la organización, preservar una oferta suficiente de locales comerciales a precios asumibles forma parte de las políticas necesarias para proteger el trabajo autónomo, el comercio de proximidad y los servicios que mantienen la actividad económica de barrios, pueblos y ciudades.

“La cuenta es sencilla: hay que mirar lo que entra, pero también lo que sale. Y los alquileres se están llevando cada vez una parte mayor de los ingresos de los autónomos”, concluyó Eduardo Abad.