"El paro ha sido muy seguido. Era un testimonio de solidaridad y de repulsa contra el asesinato de Antonio, y la mayoría de mercados, galerías de alimentación y todas las joyerías han parado y han salido en señal de duelo", explicó a Servimedia Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid.

"Yo creo que ha habido un seguimiento aceptable y solidario suficiente como para dar ese testimonio que no tenía más trascendencia que el de decir que todos corremos ese riesgo", declaró Rodríguez.

Indicó que lo importante será la manifestación de esta tarde, "donde todo el comercio y una gran cantidad de ciudanos protestaremos por esta situación de inseguridad". La manifestación, convocada por los joyeros y los comerciantes, partirá a las ocho de la tarde de la Glorieta de Ruiz Jiménez y finalizará ante el Ministerio de Justicia.

Según Rodríguez, tras la reunión mantenida la pasada semana con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en la que el responsable del Gobierno no adquirió ningún compromiso de peso con el sector, han recibido algunas llamadas del ministerio en el sentido de que, aunque se tenga que demorar en el tiempo, sí existe el ánimo de acometer algunas modificaciones legales.

"No conocemos el contenido ni el alcance que tendrían; y sabemos que estas modificaciones probablemente se puedan empezar a tramitar a partir de primeros del año que viene, con lo cual estamos en una situación de un año y medio vista, y a muchos comerciantes les va a llegar tarde, si llega y llega en buenas condiciones, esa modificación. Ese es el escenario que tenemos; y, a partir de ahí, habrá que sobrevivir", declaró.

Los joyeros y comerciantes de Madrid piden al Gobierno que reforme el Código Penal para los delitos patrimoniales, endureciendo las penas para los delitos que se cometan con armas de fuego, en establecimientos públicos y por bandas, y el trato a los delincuentes que son reincidentes sistemáticos para que pasen a prisión preventiva.

También reclaman que se inhabilite para desarrollar la actividad comercial a aquellos comercios que participen en la reventa de los productos robados por los delincuentes; y que haya un mayor control de individuos y grupos de delincuentes extranjeros, sobre todo sudamericanos, porque alertan de que hay una nueva oleada de entrada de personas que han sido expulsadas de España y que vuelven con documentación falsa y con el ánimo de volver a cometer delitos.