“El Estado autonómico debe sustentarse en unas bases que incluyen el adecuado reparto de pesos y contrapesos entre el Estado y las comunidades autónomas, que permitan el ejercicio del derecho de la autonomía territorial, dentro de un marco de solidaridad. Las cesiones de competencia sin la adecuada acreditación de cumplimiento del marco territorial pueden dar cobertura a privilegios ajenos al interés general”, avisó Fedeca en un comunicado.

Por ello, Fedeca expresó su respaldo institucional a las reivindicaciones de las asociaciones representativas de estos funcionarios, Cosital Y Apsital, que “desde distintas realidades internas comparten una misma posición técnica y jurídica frente a esta cesión”.

A su juicio, “la unidad del modelo de habilitación nacional es indispensable para garantizar la legalidad, la igualdad de trato de los ciudadanos, la transparencia y el control económico-financiero de las entidades locales”. “Las funciones son iguales, por lo que el acceso debe ser idéntico para garantizar el derecho igual de quienes quieren formar parte del empleo público”, aseveró Fedeca.

Además, Fedeca denunció que se trata de una acción adoptada sin diálogo y que “da la espalda” a la arquitectura constitucional del modelo establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional.

Asimismo, indicó que es “especialmente grave” que una modificación estructural de este alcance se haya introducido a través de un Real Decreto-ley ajeno a la materia, sin diálogo previo con la representación de los habilitados y sin una valoración técnica “rigurosa” sobre sus consecuencias.

Esta organización destacó también que, entre 2008 y 2013, cuando las comunidades autónomas asumieron estas competencias, se convocaron 598 plazas, por turno libre, frente a las 5.344 convocadas por la Administración General del Estado entre 2014 y 2024 del mismo modo, en oferta ordinaria. Y a las 1.725 que había convocado el Estado entre 2004 y 2007, años previos a la cesión competencial.

“Este precedente evidencia que la regionalización disminuyó la oferta; la atomizó haciendo las convocatorias ineficientes y diluyendo las bolsas de opositores; de este modo, eliminó la competitividad y el interés de los opositores, no reforzó la calidad técnica y redujo la igualdad de acceso, homogeneidad y transparencia que existe cuando se publica un único proceso selectivo”, apuntó.

Ante esta situación, Fedeca iniciará contactos con los partidos políticos para tratar de que la medida no se apruebe en los términos actuales planteados y mostró su apoyo a la concentración que los funcionarios con habilitación han organizado frente al Congreso este jueves.