“El Estado ni puede ni debe renunciar a sus competencias atribuidas constitucionalmente sino, todo lo contrario, reforzar y garantizar las mismas mediante la creación de una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social integrada por cuerpos de funcionarios de carácter nacional”, exigieron en un comunicado conjunto organizaciones representantes de letrados, técnicos e interventores de la Seguridad Social, así como el Sindicato de Inspectores de Trabajo.

El pasado día 17 de septiembre se hizo público el acuerdo alcanzado por el Gobierno Vasco y el Ministerio de trabajo y Economía Social, para la transferencia de las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo al Gobierno vasco. Este traspaso, que se materializará mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias antes de finales de año, incluirá, según los propios firmantes, la cesión de las 30 oficinas y 534 trabajadores de los que dispone el Servicio Estatal Público de Empleo en el País Vasco, para la gestión de unas prestaciones que actualmente perciben unos 51.000 beneficiarios por una cantidad anual de 822 millones de euros.

Para estas asociaciones, esta transferencia atenta contra la garantía prevista en el artículo 41 de la Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad social, “único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social”.

Para garantizar dicha igualdad, la misma Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal que se integra no solo por la titularidad, recaudación y administración de los recursos financieros del sistema sino también por el reconocimiento y pago de las prestaciones de Seguridad Social en cuanto obligaciones imputables a dicha caja.

Estas organizaciones recordaron que el Tribunal Constitucional ha establecido en varias sentencias que las prestaciones por desempleo son de Seguridad Social por lo que los actos “referidos a la percepción de sus ingresos o a la realización de los gastos correspondientes” integran la caja única del sistema y, en consecuencia, la competencia para su gestión debe atribuirse exclusivamente al Estado.

Además, señaló que la transferencia anunciada supone “un paso más, en un proceso que se anuncia como irreversible, ya que no solo incluye el subsidio, de carácter asistencial sino la propia prestación de desempleo, de carácter contributivo”. Así, según estas entidades, una vez completado lo que los firmantes denominan este "primer bloque", se continuará con el resto de las prestaciones contributivas como las pensiones de viudedad, jubilación o incapacidad permanente, o los subsidios de incapacidad temporal o nacimiento o cuidado de menor.

“Sostener que la mera conservación por el Estado de la competencia normativa sobre las prestaciones de Seguridad Social, las de desempleo o cualquier otra, ya es suficiente para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles y la integridad de la caja única, pudiéndose ceder a las comunidades autónomas su gestión y ejecución, supone un total desconocimiento de lo que, en realidad y más allá de formalismos y consignas, supone verdaderamente esa gestión”, denunciaron las organizaciones firmantes del comunicado.

Todo ello derivaría, en su opinión, en la “sustitución de nuestro actual sistema de Seguridad Social, único e igual en derechos y deberes para todos los ciudadanos, trabajadores, empresarios y beneficiarios, por otros tantos, repartidos, fragmentados y dependientes de cada una de las comunidades autónomas”, concluyeron.