“No tengo esperanza de que esto tenga una fecha determinada. En todo caso, el Gobierno tiene que saber que esto va o habrá conflicto”, lanzó Álvarez en una rueda de prensa sobre el problema de acceso a la vivienda en España.

En este sentido, apuntó que el registro horario “no es una cuestión menor” y explicó que las horas extra no remuneradas están creciendo y son ya más de 2,8 millones a la semana. “Es un fraude a la Hacienda pública, a la Seguridad Social y a los derechos de las personas trabajadoras”, denunció.

El refuerzo del control horario estaba recogido en la ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales que tumbaron Junts, PP y Vox en el Congreso el pasado septiembre. Pero, de las medidas contenidas en el texto, el endurecimiento del registro de jornada fue rescatado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por considerar que se puede aprobar vía reglamento, sin pasar por el Parlamento.

El texto, rechazado por CEOE y Cepyme, generó diferencias con el Ministerio de Economía y cosechó un dictamen muy crítico del Consejo de Estado, aunque Díaz sigue adelante y mantiene que se aprobará, realizando algunos ajustes.

Este mismo miércoles, el líder de UGT afeó nuevamente el dictamen del Consejo de Estado y se preguntó si “la digitalización solo se va a poder utilizar en algunos ámbitos de la vida”. “Algunas de las cosas que dice se las podía ahorrar”, aseveró.

No obstante, reconoció que el Gobierno tendrá que aplicar modificaciones, aunque aseguró que, si se aprueba, la norma provocará que los empresarios sepan que no hay “impunidad” si no respetan las jornadas laborales o retribuyen el tiempo extra. “Seguramente se va a reducir a la mitad en pocos días”, aventuró.