Así se expresó Álvarez en una entrevista en Servimedia, donde destacó que “llevamos muchos días de negociación y creo que con una participación importante del Gobierno, que yo aprovecho para agradecérsela, y también con la propia dirección de Iberia”.

El acuerdo podría llegar en unas horas o mañana viernes, puesto que Aena, según los sindicatos, ha recibido información por parte de IAG, el holding propietario de Iberia, en la que indica que la decisión final la tomará con fecha límite este viernes.

AENA concedió más plazo para que las aerolíneas de IAG comunicaran qué operadores de handling eligen para dar servicio a sus vuelos en los distintos aeropuertos de España, lo que permitió a Iberia seguir negociando con los sindicatos la creación de una filial para los trabajos de asistencia en tierra de todo el grupo.

Además, Iberia propuso la salida acordada de 1.727 trabajadores de tierra antes del final de 2026, a través de bajas voluntarias y prejubilaciones a partir de 56 años. Con ello, la aerolínea trata de evitar nuevas huelgas como las que tuvieron lugar entre el 5 y el 8 de enero.

Este conflicto se inició cuando Aena resolvió los concursos que otorgan las licencias de asistencia en tierra. El resultado fue que Iberia perdió su condición de agente operador en los aeropuertos de Bilbao, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Ibiza, Barcelona, Las Palmas y Tenerife Sur, y la mantuvo en otros 20, incluidos Madrid, Tenerife Norte y Santiago de Compostela.

Por su parte, UGT pidió que Iberia asuma el Autohandling de sus operaciones. Además, defiende que la alternativa de una nueva empresa debe incluir solo a los 8 aeropuertos que han perdido la licencia, y ninguno más, y que se debe acompañar de un plan de viabilidad para garantizar el futuro de los trabajadores de los aeropuertos en los que mantiene el servicio.

En la entrevista con Servimedia, Álvarez criticó “estos sistemas de cambio de los trabajadores de una empresa a otra, como si fueran mercancías porque son muy complejos” y suponen que el sector público utiliza la subcontratación.

“En definitiva, estamos hablando de instalaciones públicas donde una parte de los trabajadores son trabajadores de empresas privadas, porque la gestión es privada”, añadió el líder de UGT, quien después denunció que estos empleados “son los paganinis, a través de sus salarios y de sus malas condiciones de trabajo de los beneficios que tienen algunas de estas empresas, o en algunos casos también están contribuyendo a poder rebajar los costes de los propios servicios”.