“Tenemos que analizar ese tema, porque si no, pues vamos a tener serias dificultades con los sueldos que se pagan”, declaró Álvarez en una entrevista con Servimedia, en la que comentó que “si queremos realmente que en España las listas de desempleo continúen bajando, no podemos obviar cuánto es lo que cuesta un trabajador de una comunidad autónoma trasladarse a trabajar a otra donde la vivienda, por ejemplo, está tensionada”.

De este modo, Álvarez situó la vivienda como una de las cuestiones clave que quiere que se incorpore a la propuesta conjunta que llevará su sindicato junto a CCOO que tendrá que abrirse en próximas semanas con CEOE y Cepyme para tratar de pactar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), puesto que el actual (2023-2025) finaliza su vigencia el 31 de diciembre de este año.

Los AENC son acuerdos entre sindicatos y patronal que recogen recomendaciones generales para la negociación sectorial y territorial de convenios colectivos, que facilitan los diálogos y orientan las negociaciones. Por ejemplo, el actual, aconsejaba subidas salariales en el entorno del 4% para 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025.

El secretario general de UGT señaló que no habrá “grandes problemas” para que pronto se pueda armar una postura conjunta para acudir a esa negociación del VI AENC con la patronal, en la que dijo que quiere que se aborden cuestiones que van más allá de lo históricamente laboral, como la crisis de la vivienda, puesto que, de lo contrario, incluso las empresas se verán afectadas, porque cada vez se encontrarán más dificultades “serias” para cubrir vacantes en algunas actividades de territorios con elevados precios de la vivienda.

“¿Qué ocurre con una persona que está desempleada en Extremadura, que tiene vivienda propia, que tiene algún otro medio de subsistencia, no me refiero de economía sumergida, me refiero que tiene su huerta, que tiene una vida que le permite, pues no tener que gastar tanto como si va a trabajar a Mallorca, Alicante o a cualquier otra zona, o a Málaga?”, se preguntó Álvarez.

Además, el líder de UGT, que no concretó cuándo darán comienzo las negociaciones entre sindicatos y patronal, destacó que los salarios deben contemplar no solo la evolución del IPC, sino también la de los beneficios en las diferentes actividades.

DESPIDO

Otra de las cuestiones tratadas fue la mesa que el Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de iniciar con los agentes sociales para negociar una reforma del despido en España y adaptarlo a los mandatos de la Carta Social Europea. Para ello, a juicio de los sindicatos y en buena medida también del Comité Europeo de Derechos Sociales, se debe hacer más disuasorio para las empresas y más reparador para los empleados afectados, teniendo en cuenta sus circunstancias personales.

Pese a este pronunciamiento europeo, el Tribunal Supremo avaló el grueso de la normativa española, lo que fue muy criticado por los sindicatos y recibido con alivio por parte de la patronal. El Tribunal Constitucional estudia un recurso y Álvarez mostró su deseo de que sea “favorable” a los intereses de los trabajadores y no del Supremo.

“El Tribunal Supremo, una vez más, ha decidido que la aplicación de la ley en nuestro país se hace bajo parámetros discutiblemente jurídicos, y más pensando a beneficiar a una parte, en este caso, los empresarios. Yo no puedo entender cómo el Tribunal Supremo se permite decir en una sentencia que el despido en España ya está suficientemente pagado”, cargó Álvarez.

Al respecto, añadió que “los tribunales en nuestro país tienen que dejar de hacer afirmaciones que no les corresponde constitucionalmente”. En su opinión, “a quien le corresponde constitucionalmente determinar el precio del despido es a las Cortes Generales” y a los organismos internacionales que España “ha ratificado como propios”. “Y ahí nosotros creo que vamos a ganar la batalla, en el Constitucional o en el Tribunal Europeo”, auguró el máximo responsable de UGT.