El Supremo solicitó el suplicatorio de suspensión de inmunidad para poder investigar al eurodiputado por un presunto delito electoral y de supuesta financiación irregular de campaña a las elecciones europeas en las que obtuvo tres escaños.

Precisamente sus compañeros de formación son los protagonistas de otra de las causas en las que figura como imputado. Nora Junco y Diego Solier presentaron una querella en su contra que el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena acordó comenzar a investigar por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.

Además, el Supremo investiga a ‘Alvise’ Pérez por la difusión de una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y actualmente presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La cuarta de las causas por las que está siendo investigado el agitador de ultraderecha es una abierta por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Junco y Solier denunciaron una campaña de hostigamiento en su contra a través de las redes sociales instigada por ‘Alvise’ que llegó a decir de ellos que habían sido “comprados” por un lobby armamentístico, en función de cuyos intereses votaban en la Eurocámara. Ambos llegaron a recibir amenazas de muerte después de que se filtraran sus correos electrónicos, sus números de teléfono y los lugares que visitaban con asiduidad.

Las discrepancias de ‘Álvise’ Pérez con los dos eurodiputados de su lista comenzaron cuando el Tribunal Supremo empezó a investigar la entrega al líder de SALF de un maletín con 100.000 euros por el empresario Álvaro Romillo, conocido como CriptoSpain. Esa cantidad, que sirvió presuntamente para sufragar la campaña de las europeas, no quedó reflejada en ninguna contabilidad ni consta en documento alguno.

Romillo fue detenido en septiembre de 2024 por una presunta estafa piramidal a cientos de clientes. Una vez descubierto decisión confesar y colaborar con la Justicia. Es en ese momento cuando el empresario explicó que había entregado a ‘Alvise’ esos 100.000 euros en efectivo para “gastos personales”.

En el caso de la publicación de una prueba PCR de covid-19 falsa del exministro Salvador Illa, está siendo investigado por un presunto delito de falsedad documental y por otro de injurias. ‘Alvise’ negó haber sido el autor de la falsificación del documento que se difundió en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña y defendió que se limitó a difundir un documento que “circulaba masivamente” por redes sociales.

Finalmente, Alvise Pérez tiene abierta otra causa por un supuesto delito de injurias a funcionario público y otro de coacciones contra Susana Gisbert, delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, que lo denunció como autor de mensajes en su contra a través de Telegram. La fiscal alegó que el líder de SALF llamó a que sus entonces 40.000 seguidores expresaran su odio contra ella con el objetivo de alterar el normal desarrollo de su vida profesional y personal.