El magistrado instructor Manuel Marchena aceptó la comparecencia voluntaria de Alvise Pérez, evitando así esperar la autorización del Parlamento Europeo para levantar su inmunidad parlamentaria, un proceso que habría dilatado la investigación.

El responsable de SALF está citado a las 10.30 y deberá responder de las acusaciones que le hacen sus excompañeros en la Eurocámara, que le atribuyen haber impulsado contra ellos una campaña de desprestigio. El citado aseguró a los medios que hará declaraciones tras su comparecencia ante el juez.

Los querellantes, que formaron parte de la lista electoral de SALF en las elecciones europeas, abandonaron posteriormente el partido y se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos que lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ambos interpusieron la querella el pasado 27 de junio y se ratificaron en sus declaraciones ante el instructor el lunes previo a la comparecencia de Alvise.

MIEDO POR LA "INTEGRIDAD FÍSICA"

La denuncia describe una campaña de hostigamiento orquestada mediante publicaciones en un podcast y en el canal de Telegram que gestiona el líder de SALF. Según el relato de las víctimas, Alvise difundió datos personales sensibles como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, perfiles en redes sociales e incluso ubicaciones geográficas en tiempo real, lo que les hizo "temer por su integridad física".

Como consecuencia de estas filtraciones, Solier y Junco comenzaron a recibir una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes por parte de seguidores de Alvise. La avalancha de comunicaciones hostiles les obligó a adoptar medidas drásticas: cerraron algunas de sus redes sociales, limitaron la posibilidad de comentarios de terceros en otras plataformas, dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos y tuvieron que gestionar miles de correos electrónicos con insultos y amenazas.

"MIEDO E INTRANQUILIDAD"

Los eurodiputados expusieron ante el tribunal que esta situación impedía "significativamente" tanto su "labor parlamentaria" como "su ordinaria vida familiar". Además, manifestaron el "constante miedo o intranquilidad" que les generaba la posibilidad de ser abordados en la calle por cualquier desconocido que hubiera respondido a los llamamientos de Alvise. Esta sensación de inseguridad permanente les llevó a modificar sus hábitos y rutinas cotidianas.

La Sala de lo Penal del Supremo consideró que existen indicios suficientes para apreciar una "intención voluntaria y consciente" por parte de Alvise de comprometer "de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana" de sus víctimas. El tribunal destacó las "explícitas llamadas" del eurodiputado a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara "una actitud repetidamente hostil" hacia Solier y Junco.

Especialmente relevante resultó una declaración pública de Alvise el pasado 20 de abril en el podcast 'Eclécticos Worldwide', donde instó abiertamente: "Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".

"NO CESÓ EN SU ACTITUD"

El Supremo también subrayó que Alvise "no cesó en su actitud" ni siquiera después de que muchos de sus seguidores hubieran manifestado explícitamente su intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, "reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".

Esta es la cuarta causa penal abierta contra el líder de SALF en el Alto Tribunal . Las tres anteriores incluyen la difusión de una prueba PCR falsificada del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y la investigación por financiación ilegal de su formación política relacionada con 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, conocido popularmente como CryptoSpain.

La acumulación de procedimientos judiciales contra Alvise plantea interrogantes sobre su continuidad en el Parlamento Europeo y la viabilidad política de SALF, formación que irrumpió con fuerza en las elecciones europeas, pero que ahora enfrenta una crisis interna tras la deserción de dos de sus tres eurodiputados y las múltiples causas penales contra su líder.