Según los autores, la protección efectiva de los menores en el entorno digital requiere la actuación coordinada de administraciones públicas, sector tecnológico, familias, centros educativos y sociedad civil.

A juicio de la asociación, las políticas públicas deberían fomentar mecanismos permanentes de colaboración e intercambio de buenas prácticas entre todos los actores implicados, así como promover políticas públicas que combinen protección, innovación y capacitación digital, priorizando medidas basadas en evidencia y evaluaciones de impacto, “y evitando enfoques exclusivamente prohibitivos o centrados en un único actor del ecosistema digital”.

En el terreno educativo, Ametic aboga por incorporar contenidos de ciudadanía digital en todas las etapas educativas, reforzar la formación de docentes, e impulsar programas específicos para familias.

En cuanto a herramientas de protección, la patronal sugiere mejorar la usabilidad de las soluciones, facilitar la configuración de controles y medidas de protección, y desarrollar campañas de información dirigidas a familias y educadores.

Sobre regulación, plantea que las medidas normativas estén basadas en riesgos identificados y evidencia contrastada, que se evalúe su impacto antes de su adopción, y que se eviten fragmentaciones regulatorias que reduzcan la eficacia de las medidas.