Según la organización, aquella sentencia supuso "un golpe a la libertad de expresión en España".

En nota de prensa, Amnistía pidió reformar el Código Penal español para "derogar las disposiciones que restringen de forma desproporcionada la libertad de expresión".

En noviembre de 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisible la demanda presentada por el rapero español Pablo Rivadulla Duró (conocido como Pablo Hasél) contra su condena en España por los delitos de “enaltecimiento” del terrorismo y de injurias a la Corona y a las instituciones del Estado en las letras de sus canciones y en mensajes en redes sociales.

Hasél alegó ante el Tribunal que las condenas violaban su libertad de expresión, protegida en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal rechazó la demanda de Hasél por entender que era “manifiestamente infundada”, ya que los tribunales nacionales habían tenido en cuenta la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y habían ponderado los intereses en juego, incluida la libertad de expresión del demandante.

Según sostuvo el tribunal, las condenas impuestas a Hasél "no eran desproporcionadas".

En un informe de 2018 sobre España, AI ya concluyó que se había violado el derecho de Hasél a la libertad de expresión, y en febrero de 2021 -días antes de su detención-, la organización afirmó que su encarcelamiento "constituiría una restricción desproporcionada" de esta libertad.

Según Amnistía, el enjuiciamiento penal y la sentencia condenatoria dictada contra Pablo Hasél constituyen "una restricción ilegítima de su derecho a la libertad de expresión, lo que debe exigir que España proporcione una reparación por esta violación de sus derechos". "Es lamentable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegue a otras conclusiones", criticó.

Pablo Hasél fue condenado a nueve meses y un día de prisión y al pago de una multa de 5.040 euros por enaltecimiento del terrorismo. También fue declarado culpable y condenado a sendas multas por injurias a la Corona (10.800 euros) y a las instituciones del Estado (13.500 euros). En total, se le impusieron multas por un importe de casi 30.000 euros. Hasél se negó a pagar estas multas, por lo que su condena de prisión se vio incrementada en 13 meses y medio.

De este modo, cumplió pena de prisión desde el 16 de febrero de 2021 hasta el 17 de marzo de 2023 por actos que, según Amnistía Internacional, están "relacionados con el ejercicio legítimo de su libertad de expresión". En la actualidad, Pablo Hasél continúa en prisión por otras condenas que no guardan relación con estos hechos.