Así lo refleja Amnistía Internacional (AI) en el informe ‘La humanidad debe triunfar: defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026’, en el que advierte de que las severas restricciones a la libertad de expresión y protesta pacífica amenazan el torneo “seguro, acogedor e inclusivo” prometido por la federación internacional de fútbol.

Amnistía expone en ese informe, difundido este lunes, los riesgos y posibles repercusiones que pueden sufrir la afición, los jugadores, los periodistas, los trabajadores y las comunidades locales en los tres países anfitriones.

“EMERGENCIA”

Según AI, Estados Unidos -donde se disputan tres cuartas partes de los partidos de la Copa Mundial- se enfrenta bajo el mandato de Donald Trump a “una emergencia de derechos humanos”.

Esa “emergencia” se caracteriza por políticas de inmigración discriminatorias y por detenciones arbitrarias y en masa llevadas a cabo por agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias.

“El Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas desde Estados Unidos en 2025: casi ocho veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife”, apuntó Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.

Cockburn añade: “La oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas, que ha batido récords, solo ha sido posible mediante la erosión de las salvaguardias de debido proceso, y ha socavado los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas”.

“Estas políticas han destrozado comunidades y han creado un clima de temor en todo Estados Unidos. El país está viviendo unos tiempos profundamente inciertos, que, sin duda, se extenderán a la afición que desee participar en las celebraciones de la Copa Mundial”, subraya.

“REPRESIÓN”

Las ciudades anfitrionas del Mundial se han visto afectadas por la “represión” de los derechos ejercida por el Gobierno estadounidense. Trump federalizó y desplegó unos 4.000 efectivos californianos de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio de 2025, en respuesta a las protestas contra las redadas de inmigración.

Dallas, Houston y Miami, ciudades anfitrionas, han firmado acuerdos para que los cuerpos locales encargados de hacer cumplir la ley colaboren con el ICE, lo que incrementa el uso de perfiles raciales y los ataques contra inmigrantes, y erosiona la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden locales.

En todo Estados Unidos, agentes federales, que se comportan “al estilo de los paramilitares”, según Amnistía, han atacado a comunidades hispanas, negras, asiáticas y otras comunidades de color y han detenido de manera violenta y arbitraria a personas, incluidos menores de edad, cerca de sus casas, escuelas y lugares de trabajo.

Respecto a los otros países anfitriones, México ha movilizado 100.000 agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia.

Ello aumenta el peligro para las personas que protestan, entre ellas las mujeres activistas que están planeando una protesta pacífica para el partido de inauguración en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la que pedirán verdad, justicia y reparación por la desaparición de sus seres queridos.

En Canadá, el impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 y una creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes.

GARANTÍAS

Debido a las prohibiciones de viajar dictadas por el Gobierno de Trump, los aficionados de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal no podrán viajar y entrar en el país para animar a sus equipos, a menos que tuvieran un visado válido antes del pasado 1 de enero.

Otros aficionados se enfrentan a vigilancia invasiva y a propuestas de obligar a los visitantes a hacer públicas sus cuentas en redes sociales para someterlas a examen y hacer una selección en busca de personas con sentimientos contrarios a Estados Unidos.

“A pesar de la increíble cifra de detenciones y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y las comunidades locales estarán a salvo de la utilización de perfiles raciales y étnicos, las redadas indiscriminadas o la detención y deportación ilegítimas”, recalca Cockburn.

DERECHO A LA PROTESTA

El Mundial de Fútbol suele ser un foco de protestas y existe el riesgo de que las manifestaciones sean reprimidas. En Estados Unidos, Canadá y México ha habido restricciones de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.

El Gobierno de Trump ha atacado a estudiantes de procedencia extranjera que protestaban contra el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza, mientras que agentes federales han matado a personas de ciudadanía estadounidense que vigilaban las agresivas acciones de control de la inmigración y protestaban contra ellas.

Canadá ha sido escenario de una oleada de protestas contra el genocidio en Gaza, incluidas grandes manifestaciones pacíficas y acampadas de estudiantes que han sido dispersadas y disueltas indebidamente por la policía.

En México también se han celebrado protestas relacionadas con la Copa Mundial, organizadas por residentes enfurecidos por las alteraciones del suministro de agua, los problemas de acceso a la tierra, el aumento de los precios y la gentrificación vinculados a la construcción de infraestructuras en las ciudades anfitrionas.

“Mientras la FIFA genera ingentes ingresos con la Copa Mundial de 2026, no se puede hacer pagar el precio a la afición, las comunidades, los jugadores, los periodistas y los trabajadores. Es a estas personas -no a los gobiernos, los patrocinadores o la FIFA- a quienes pertenece el fútbol, y sus derechos deben ocupar un lugar central en el torneo”, concluye Cockburn.