Así lo advirtió en un comunicado en el que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, lanzó cuatro alertas sobre cómo el “auge” de las prácticas autoritarias “está poniendo en peligro los derechos de las mujeres en todo el mundo”, en países como Estados Unidos, Argentina, Rusia, Irán, Afganistán, Arabia Saudí y Marruecos, entre otros.

“No podemos seguir pensando que las prácticas autoritarias van a llegar: ya están aquí. El mundo entero está siendo testigo de la peligrosa deriva del presidente Trump que ya ha desembocado en una emergencia de derechos humanos. Y esas prácticas tienen una especial consecuencia sobre las mujeres y las niñas en todo el mundo”, señaló al respecto la responsable del trabajo sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España, Beatriz Martos.

En la misma línea, indicó que la organización ha “lanzado cuatro alertas” relacionadas con las leyes represivas, el crecimiento de movimientos contrarios al reconocimiento de los derechos de las mujeres, el aumento de los discursos del odio y la incitación a la violencia y las facilidades que da la tecnología para ejercer esta violencia, “pero desgraciadamente, hay muchas más”.

AFGANISTÁN

Según Amnistía, “no hay país donde las leyes represivas para controlar a las mujeres sea mejor ejemplo que el de Afganistán”, donde “no pueden salir a la calle libremente, ni trabajar, estudiar, expresarse o participar en la política”. “Desde la llegada de los talibanes al poder, las mujeres y las niñas han seguido siendo objeto de persecución por motivos de género, enfrentándose cada día a restricciones aún más severas”, abundó.

A su vez, indicó que Irán “es un claro ejemplo de país donde las prácticas autoritarias tienen un impacto directo en los derechos de las mujeres y niñas”. “La represión de las protestas llevada a cabo por las autoridades el pasado mes de enero es una muestra de cómo las mujeres están especialmente en la diana: las autoridades han intensificado su represión contra las que desafiaban el uso obligatorio del velo, incluso mediante la vigilancia digital, como la tecnología de reconocimiento facial”, agregó.

En paralelo, subrayó que, en Cuba, las mujeres “sufren formas específicas de represión” por parte de agentes estatales que constituyen “violencia estatal de género”, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual y uso de la maternidad, las labores de cuidado y las amenazas contra sus familiares como mecanismos de intimidación y control.

Asimismo, mencionó a Arabia Saudí, un país donde la tutela masculina, a pesar de las reformas, sigue vigente, “limitando gravemente la libertad de las mujeres y perpetuando la discriminación, es otro ejemplo de país con prácticas autoritarias”.

En cuanto a Estados Unidos, indicó que, enmarcados en la defensa de los “valores tradicionales” o el “orden público”, el país ha llevado a cabo “ataques” y “cuestionado” la identidad de género, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos Lgtbi.

“El desmantelamiento de las medidas contra la discriminación, los drásticos recortes de la ayuda humanitaria de Usaid y la cancelación de la mayoría de sus programas, así como el anuncio de su retirada de varios organismos internacionales, incluido ONU Mujeres y la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, tendrá efectos devastadores en los derechos de millones de mujeres y niñas en todo el mundo y hará retroceder lo poco avanzado hasta ahora”, denunció.

Para Martos, pese a que “parecen medidas menores”, su “impacto” es “concreto contra las mujeres: eliminan protecciones, restringen la autonomía corporal, aumentan el riesgo de sufrir violencia y señalan que el Estado tratará los derechos de algunas personas como negociables".

Por último, Amnistía Internacional también mostró “preocupación” sobre cómo la tecnología “allana el camino para la vigilancia y la violencia de género a través de discursos nocivos” y supone una “amenaza creciente para mujeres que ejercen su derecho a la participación en la esfera pública”.