El informe, titulado ‘Me estalló el ojo’ y publicado conjuntamente con la Fundación de Investigación Omega, se basa en investigación realizada en más de 30 países durante más de cinco años, y documenta cómo miles de manifestantes y transeúntes han sufrido mutilaciones y decenas han muerto debido al uso, a menudo imprudente y desproporcionado, de armas menos letales con fines de cumplimiento de la ley, incluidos proyectiles de impacto cinético como balas de goma, así como a disparos de balines recubiertos de goma y granadas de gas lacrimógeno apuntados y disparados directamente a manifestantes.

“Es necesario introducir con urgencia controles de ámbito global y jurídicamente vinculantes sobre la fabricación y el comercio de armas menos letales, incluidos los proyectiles de impacto cinético, además de directrices efectivas sobre el uso de la fuerza, para combatir el ciclo en aumento de abusos”, apuntó Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.

Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega son dos de las 30 organizaciones que piden un Tratado sobre el Comercio sin Tortura respaldado por la ONU que prohíba la fabricación y el comercio de proyectiles de impacto cinético intrínsecamente abusivos y otras armas para el cumplimiento de la ley, y que introduzca controles sobre el comercio basados en los derechos humanos del suministro de otros materiales para hacer cumplir la ley, incluidas las balas de goma y de plástico.

“El Tratado sobre el Comercio sin Tortura prohibiría toda producción y comercio de armas y material para el cumplimiento de la ley intrínsecamente abusivo, incluidos los proyectiles de impacto cinético únicos intrínsecamente peligrosos o imprecisos, las balas de metal recubiertas de goma, los balines recubiertos de goma y la munición con múltiples proyectiles que han dado lugar a pérdidas de visión y otras lesiones graves y muertes en todo el mundo”, indicó Michael Crowley, adjunto de investigación de la Fundación de Investigación Omega.

EN ESPAÑA

Por otro lado, el informe indica que la Policía Nacional y la Guardia Civil en España continúan usando las pelotas de goma, que han causado durante las dos últimas décadas la muerte de una persona (Iñigo Cabacas) y 24 lesiones graves, entre ellas 11 casos de severas lesiones oculares.

Amnistía Internacional considera que las pelotas de goma deben estar prohibidas, por ser intrínsecamente imprecisas, y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva. Asimismo, recuerda que han podido contribuir a la muerte de decenas de personas más en los episodios de Tarajal en 2014 y Melilla en 2022.

Policías autonómicas, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, reemplazaron las pelotas de goma por las balas de ‘foam’, cuyo uso también ha causado lesiones graves y se ha utilizado para dispersar multitudes, algo prohibido por los estándares internacionales.

Amnistía Internacional considera que debe suspenderse su uso para evaluar los protocolos puestos en práctica por las fuerzas de seguridad y especificaciones técnicas, al tiempo que ha documentado cinco casos de lesiones muy graves ocasionadas por su uso: dos personas que perdieron un ojo, dos personas con traumatismo craneoencefálico severo y otra que perdió un testículo, además de otros casos de impactos en las piernas.

Entre ellos está el caso de África, una joven que tenía 19 años cuando el 16 de febrero de 2021, durante las protestas en Barcelona por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, recibió un impacto de una bala de ‘foam’ por parte de los Mossos d’Esquadra por el que perdió un ojo.

“Ahora tiene mucho miedo a cualquier ruido, con un petardo o un claxon se asusta. Era una chica con mucha vida social, que iba a muchas manifestaciones, y ahora no quiere ir a un sitio donde haya mucha gente. El impacto para ella ha sido brutal, ha dejado de estudiar incluso. No puede ser que una persona vaya a una manifestación y vuelva sin un ojo”, contó a Amnistía Internacional Eric Cuesta, padre de África.

El pasado 2 de diciembre, el Parlament de Cataluña aprobó solicitar la retirada urgente de la munición más lesiva (el proyectil SIR-X). Hasta el momento la Generalitat no ha anunciado si va a atender o no esta petición.

EN EL MUNDO

Por otra parte, el informe señala que estas armas han causado discapacidad permanente en cientos de casos y muchas muertes, y que se ha observado “un alarmante aumento de las lesiones oculares”, incluidas rupturas de globos oculares, desprendimientos de retina y pérdida total de la visión, así como fracturas óseas y craneales, lesiones cerebrales, ruptura de órganos internos y hemorragias, perforación de corazón y pulmones causada por fracturas de costillas, daños en genitales y trauma psicológico.

Según una evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las acciones policiales durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019 dieron lugar a más de 440 lesiones oculares, con más de 30 casos de pérdida de ojo o ruptura ocular.

Entre 1990 y junio de 2017, al menos 53 personas murieron por proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad en todo el mundo, según un estudio contrastado por iguales y basado en publicaciones médicas. El estudio también concluyó que 300 de las 1.984 personas heridas sufrieron discapacidad permanente.

Desde entonces, la disponibilidad, variedad y uso de proyectiles de impacto cinético se ha intensificado en el mundo y ha fomentado la militarización del control policial de las protestas. El informe revela que las directrices nacionales sobre el uso de proyectiles de impacto cinético casi nunca se ajustan a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, que establecen que su utilización debe limitarse a situaciones de último recurso cuando individuos violentos representen una amenaza inminente de causar daños a otras personas. Las fuerzas policiales infringen de forma habitual la normativa con impunidad.

En abril de 2021, Leidy Cadena Torres, que entonces tenía 22 años, caminaba en dirección a una protesta por las reformas fiscales en Bogotá (Colombia), cuando fue alcanzada en el rostro por una bala de goma disparada a corta distancia por un policía antidisturbios y perdió un ojo.

Esa experiencia se ha repetido en circunstancias semejantes en países de América Central y América del Sur, Europa, Oriente Medido, África y Estados Unidos durante protestas recientes y actuales.

Amnistía Internacional también ha documentado casos de granadas de gas lacrimógeno apuntadas y disparadas directamente contra personas o multitudes en Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Gaza, Guinea, Hong Kong, Iraq, Irán, Perú, Sudán, Túnez y Venezuela.