En rueda de prensa hoy en Madrid, Callamard felicitó a España por “su defensa de la legislación internacional y de los derechos humanos” y por su solidaridad “con el sufrimiento de la población de Gaza”.

En su opinión, “España ha sido líder” en este terreno, y “uno de los pocos países que primero se posicionó” a favor de la depuración de responsabilidades.

Con todo, instó al Gobierno español a “profundizar” en esta línea, y le propuso “utilizar su influencia en el seno de la Unión Europea para conseguir una suspensión permanente del envío de armas a Israel y a los grupos palestinos, prohibir la importación de productos agrícolas procedentes de colonias ilegales en los territorios ocupados y revisar el acuerdo de cooperación entre la UE e Israel”.

Afirmó que la guerra entre Israel y Hamás, que comenzó el 7 de octubre, “no tiene visos de terminar a corto plazo”.

“Las violaciones de derechos humanos en Gaza se suceden de forma habitual”, prosiguió, “con bombardeos masivos contra población civil y la denegación sistemática del acceso a la ayuda humanitaria, al agua y a los servicios de salud”.

A su juicio, lo que ocurre en Gaza “no se trata de un asunto doméstico. Existe un riesgo claro de genocidio, que debe formar parte de la agenda global”.

Por eso, instó a todos los “actores políticos españoles –Gobierno, oposición y demás partidos-- a dejar a un lado sus diferencias y acordar una agenda común” con la que enfrentar este peligro.

MELILLA

Callamard ha visitado España durante dos días, en los que se reunió con los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente. También mantuvo encuentros con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y con el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons. Como nota negativa, deploró el rechazo de Grande-Marlaska a llevar a cabo “una investigación independiente sobre la tragedia acaecida en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022”.

En su opinión, las pesquisas llevadas a cabo por las autoridades españolas “no cumplen las exigencias internacionales de transparencia e independencia”, criticó, y tampoco implicaron ni reparación para las víctimas, ni ayudaron a lograr la verdad.

Callamard lamentó las trabas a la hora de avanzar en una ley de Jurisdicción Universal, que calificó de “vergonzosas”. “Mientras que muchos países europeos están dando pasos para incorporar estos principios en sus legislaciones nacionales, España avanza justo en la dirección contraria”, lamentó.

AGENDA PENDIENTE

En la misma rueda de prensa, Esteban Beltrán, director de AI España, presentó la agenda de esta organización de cara a la presente legislatura, con 14 medidas contenidas en el documento Visión y Coraje para Avanzar en Derechos Humanos.

Valoró de forma positiva “el compromiso de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana –la llamada Ley Mordaza”, que desde su aprobación ha supuesto “una amenaza para la libertad de expresión y de reunión en nuestro país”.

Asimismo, afirmó que “existe un acuerdo entre Gobierno y PP para modificar la Ley de Secretos Oficiales”, una “de las normas más crueles vigentes en España”. Aprobada en 1968, esta “ley franquista califica como secretos oficiales las vulneraciones de derechos humanos”, impidiendo obtener cualquier información sobre ellas. Según Beltrán, es precisamente en este punto donde existiría un acuerdo para la reforma.

Además, indicó que Grande-Marlaska se mostró “abierto a estudiar la posibilidad de incorporar mecanismos independientes encargados de investigar las malas prácticas en la policía”.

Pese a todo, afirmó que “estaremos atentos y monitorearemos si todas estas reformas de verdad se llevan a cabo".

Apuntó también que Yolanda Díaz estaría dispuesta a endurecer la normativa para que las empresas españolas que operan en el extranjero actúen con la debida diligencia a la hora de garantizar los derechos humanos y el respeto medioambiental en terceros países.

"Si la Unión Europea aprueba la directiva de ‘debida diligencia’, existe el compromiso de una rápida implantación y aplicación en España”, declaró. Si finalmente la norma europea no obtiene el visto bueno, Díaz habría prometido legislación propia para obligar a las empresas españolas.

Además, los representantes de Amnistía exigieron al Gobierno garantizar el derecho de las personas subsaharianas que llegan a las fronteras de Ceuta y Melilla a pedir protección internacional, asegurar el acceso universal a la sanidad pública de los migrantes en situación irregular, y evitar retrocesos en los avances conseguidos en los derechos feministas y de las personas Lgtbi.