Agentes de seguridad de las Brigadas de Al Qassam, brazo militar de Hamás, anunciaron públicamente el pasado julio la ejecución sumaria de un hombre por espiar para Israel y manifestaron su intención de ejecutar a otro “informante” unos días después, en el contexto de lo que calificaron de una campaña de seguridad en gran escala.

Un informe de la ONU publicado el pasado junio identificó 249 casos de ejecución extrajudicial y violencia física severa en Gaza entre agosto de 2024 y principios de 2026. En al menos 60 de esos casos estaban implicadas fuerzas afiliadas a Hamás.

Amnistía Internacional ha investigado y documentado nueve ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilícitos cometidos por fuerzas afiliadas a Hamás inmediatamente después del alto el fuego anunciado entre Israel y Hamás en octubre de 2025.

Aunque las autoridades de Hamás han declarado que han abierto investigaciones preliminares internas sobre esos sucesos, Amnistía desconoce que se haya hecho rendir cuentas a ningún responsable hasta la fecha.

“Cuando estamos casi en el tercer año del genocidio que está llevando a cabo Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, la traumatizada población civil ya ha soportado un sufrimiento inimaginable y no puede ser sometida a más homicidios, abusos y crueldad”, apunta Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Guevara Rosas añade: “Las autoridades de Hamás deben detener de inmediato todos los homicidios ilícitos, los actos parapoliciales y las detenciones arbitrarias. La restauración del orden público no debe ser nunca una tapadera para cometer violaciones graves de derechos humanos, llevar a cabo represalias o castigar colectivamente a familias enteras”.

BURÓ POLÍTICO

Además, apunta que “los responsables de ordenar y llevar a cabo tanto ejecuciones extrajudiciales como detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos deben rendir cuentas de sus actos”.

“El nuevo liderazgo del buró político de Hamás debe romper con la arraigada impunidad por los abusos cometidos por sus fuerzas y sus afiliados, y tomar medidas urgentes y concretas para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias”, sentencia.

Un miembro de alto rango no identificado del ‘Sistema de Seguridad de Resistencia’, un grupo secreto de seguridad e inteligencia que actúa bajo los auspicios de los brazos militares de Hamás y otros grupos armados palestinos, anunció también en la plataforma oficial del grupo en Telegram, Al-Hares, que la ejecución extrajudicial del 1 de julio era el comienzo de una “campaña de seguridad en gran escala” y que “los próximos días serán testigos de las ejecuciones de otras personas implicadas en actos de colaboración con la ocupación”.

Desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas y autoridades de Hamás en Gaza han establecido fuerzas paralelas que actúan casi en su totalidad fuera de cualquier norma legal y llevan a cabo regularmente -y a menudo filman- castigos sumarios contra palestinos, incluidos presuntos saqueadores, interrogan a disidentes y sospechosos de actos delictivos en ubicaciones civiles, asaltan casas de civiles y amenazan a las familias de quienes se les oponen. Los datos recopilados por Amnistía coinciden con las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación de la ONU.

“MEDIDAS EXCEPCIONALES”

Hamás ha justificado lo que ha calificado de “medidas excepcionales” invocando el “principio del estado de necesidad”, y citando la destrucción, por parte de Israel, de las instituciones judiciales y de seguridad y la necesidad de abordar el caos y hacer frente a las “bandas delictivas”.

“Los homicidios ilícitos no pueden nunca justificarse. El derecho a la vida, a no sufrir tortura y a un juicio justo y el debido proceso debe respetarse en todo momento, incluso en situaciones de emergencia o incluso cuando el sistema judicial se haya colapsado a consecuencia de hostilidades militares activas. Toda persona sospechosa de haber cometido un delito penal, incluidas la traición o la colaboración, debe gozar de pleno respeto de sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la seguridad de la persona y a un juicio justo, sin recurrir a la pena de muerte”, sentencia Guevara Rosas.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha impuesto a la población palestina de la Franja de Gaza unas condiciones a la vida que han contribuido al desmantelamiento del orden público, la destrucción del tejido social de Gaza y el aumento del caos y la anarquía, según Amnistía.

Las fuerzas israelíes atacaron las estructuras tradicionales judiciales y de cumplimiento de la ley y, al parecer, lanzaron ataques contra policías y agentes de seguridad, al tiempo que armaban y respaldaban a las milicias locales opuestas a Hamás, que actúan en zonas en las que las fuerzas israelíes están totalmente desplegadas. Estas milicias también han participado en abusos y violaciones del derecho internacional, incluidos homicidios públicos al estilo de ejecuciones de presuntos miembros de Hamás.

DESDE 2007

Desde la ocupación de la Franja de Gaza en 2007, las autoridades de Hamás han eludido investigar de forma independiente presuntos abusos y actos indebidos cometidos por sus miembros y fuerzas.

Hasta que comenzó el genocidio perpetrado por Israel, según Amnistía, los tribunales de Gaza bajo la autoridad de Hamás continuaron dictando y ejecutando condenas a muerte por delitos tales como el asesinato, la colaboración y la traición, a menudo tras juicios plagados de irregularidades.

Amnistía ha documentado violaciones de derechos cometidas por Hamás y sus afiliados a lo largo de muchos años, entre ellas ejecuciones extrajudiciales de presuntos colaboradores, castigos sumarios, restricciones a la libertad de expresión y represión de la disidencia pacífica, por medios como amenazas, desanonimización (revelación de datos personales), intimidación y tortura y otros malos tratos.

Además, reiteró este viernes sus llamamientos a Israel para que “ponga fin a su genocidio en curso, su apartheid y su ocupación ilegal de territorio palestino, y que cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante”, con medidas como garantizar que la ayuda humanitaria y los productos y servicios esenciales pueden llegar a todas las partes de la Franja de Gaza, y permitir que la población palestina desplazada regrese sin peligro a sus hogares.