Lo hizo a través del informe ‘Latvia: Return home or never leave the woods’ (‘Letonia: Volved a casa o nunca saldréis del bosque’, en español) en el que explica que las autoridades letonas “han expulsado de forma sumaria y violenta” a refugiados y migrantes en sus fronteras con Bielorrusia, sometiendo a muchos de ellos a “graves violaciones de derechos humanos, que incluyen detención secreta e incluso tortura”.

Es preciso recordar que miles de personas llegaron el año pasado a Bielorrusia procedentes de Oriente Próximo y África con la promesa de una vivienda y un empleo en la UE. Una vez en este país, buscan llegar a alguno de los Estados miembros.

En ese sentido, el trabajo señala que estas personas “han sido recluidas en lugares no revelados del bosque letón y devueltas violentamente a Bielorrusia”, muchas de las cuales “sufrieron palizas y descargas eléctricas con pistolas Taser, incluso en los genitales”. Algunas de ellas, según la organización, “fueron obligadas de forma ilegítima a regresar ‘voluntariamente’ a sus países de origen”.

Ante esta situación, la directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Eve Geddie, alertó de que “Letonia ha dado un cruel ultimátum a las personas refugiadas y migrantes: o aceptan regresar ‘voluntariamente’ a su país o se quedan atrapadas en la frontera con riesgo de detención, devolución ilegal y tortura. En algunos casos, su detención arbitraria en la frontera puede constituir desaparición forzada”.

Añadió que las autoridades letonas “han dejado a hombres, mujeres y niños y niñas a su suerte a temperaturas glaciales, a menudo abandonadas en los bosques o confinados en tiendas” y sin teléfonos móviles para comunicarse con parientes y allegados, llegando a “devolver a estas personas de forma violenta a Bielorrusia, donde no tienen ninguna posibilidad de solicitar protección”, unas prácticas que “no tienen nada que ver con la protección de las fronteras y son violaciones manifiestas del derecho internacional y de la UE”.

AI recordó que el 10 de agosto de 2021 Letonia decretó el estado de excepción ante el aumento del número de personas alentadas por Bielorrusia a acudir a la frontera; mientras que, “en contravención del derecho internacional y de la UE y del principio de no devolución”, suspendió el derecho a solicitar asilo en cuatro zonas fronterizas en virtud de la aplicación del referido estado de excepción, lo que permitió a las autoridades del país “llevar a cabo devoluciones sumarias” a Bielorrusia.

Este estado de excepción, continuó Amnistía Internacional, ha sido prorrogado por las autoridades letonas en repetidas ocasiones, la última hasta el próximo mes de noviembre, “a pesar de que los desplazamientos han disminuido con el tiempo” y de que ellas mismas “han reconocido que el recuento de intentos de entrada en el país incluía los múltiples intentos (individuales) de cada persona”.

Del mismo modo, la organización advirtió de que la “pequeña proporción” de migrantes y refugiados que Letonia ha permitido que entre en su territorio, “en su inmensa mayoría fue internada en centros de detención con acceso limitado o nulo al procedimiento de asilo, asistencia jurídica y supervisión independiente”.

Este informe de Amnistía Internacional sobre Letonia complementa a trabajos análogos centrados en abusos contra refugiados y migrantes cometidos por Bielorrusia, Polonia y Lituania.

Por ello, Eve Geddie acusó a Letonia, Polonia y Lituania de perpetrar “abusos muy graves con el pretexto de que están sufriendo un ‘ataque híbrido’ de Bielorrusia”, unos hechos que deberían impeler a las instituciones europeas a “adoptar medidas urgentes a fin de garantizar que Letonia pone fin al estado de excepción y restablece el derecho al asilo en todo el país para todas las personas que buscan seguridad, con independencia de su origen y de cómo hayan cruzado la frontera”.