Así lo atestigua el informe ‘The Rule of Taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises’ (‘El Régimen Talibán: Un Año de Violencia, Impunidad y Falsas Promesas’, en español), un trabajo que la organización presentó hoy, en el que se documentan “violaciones flagrantes de los derechos humanos” y revela “la impunidad generalizada por crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes”.

También recoge cómo a pesar de su compromiso de respetar los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, y de prometer una amnistía para los funcionarios del gobierno prooccidental, “han reprimido violentamente protestas pacíficas”, “han suprimido los derechos de las mujeres” y “han usado las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones para sembrar el miedo entre la población”.

En ese sentido, la directoral regional de AI para Asia meridional, Yamini Mishra, señaló que “hace un año, los talibanes se comprometieron públicamente a proteger y promover los derechos humanos, pero la velocidad a la que están desmantelando 20 años de avances en materias de estos derechos es impresionante”.

A ello añadió que “las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones sumarias han vuelto y están a la orden del día”, mientras que “las mujeres y las niñas, a quienes se ha despojado de sus derechos, afrontan un futuro sombrío, privadas de educación y de la posibilidad de participar en la vida pública”.

Ante esta situación, Amnistía exigió a los talibanes que “dejen inmediatamente de cometer violaciones flagrantes de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, y les recordó que, “como autoridades ‘de facto’ de Afganistán, deben restablecer, proteger y promover con carácter urgente los derechos del pueblo afgano”.

Por ello, Yamini Mishra exhortó a la comunidad internacional a “tomar medidas significativas para que los talibanes rindan cuentas de estos crímenes”.

DETALLE DEL INFORME

La investigación de Amnistía Internacional detalla el “uso excesivo de la fuerza” por los talibanes cuando tratan de prohibir “protestas pacíficas”, llegando a golpear y disparar a “manifestantes desarmados”.

La represión de la libertad de expresión perpetrada por los talibanes se dirige contra defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, muchos de los cuales “han sido objeto de hostigamiento, amenazas, detención e incluso asesinato como resultado directo de su trabajo”.

La libertad de prensa también es un objetivo de los talibanes, como lo atestigua la orden dictada por el Centro Gubernamental de Medios de Comunicación e Información que prohíbe a los periodistas publicar historias “contrarias al islam” o que “insulten a figuras nacionales”, o la detención de más de 80 periodistas, a quienes sometieron a torturas por informar sobre protestas pacíficas.

Por otro lado, AI recibió “informes generalizados” que precisan cómo los talibanes golpean y torturan a quienes consideran que han infringido sus normas o a quienes acusan de trabajar para el gobierno anterior; a lo que se suma cómo cientos de civiles han sido detenido “arbitrariamente”.

La organización también explica que se han producido “cientos de homicidios extrajudiciales” y que se han encontrados cuerpos con heridas de bala o señales de tortura; mientras que “decenas de personas” han desaparecido y siguen en paradero desconocido debido a su trabajo con el gobierno anterior o por su presunta participación en la resistencia contra los talibanes.

Por su parte, alertó sobre cómo afganos no pastunes han sido desalojados “forzosamente” de sus casas y tierras para que los talibanes “pudieran premiar a sus seguidores” con posesiones “arrebatadas a otros grupos étnicos, concretamente el hazara, el turcomano y el uzbeko”.

MUJERES

Desde que detentan el poder, los talibanes han sometido a las mujeres a “una violencia creciente”, que, en ocasiones, se utiliza como una forma de castigar a sus familiares.

Los talibanes han detenido y torturado a un sinnúmero de mujeres por participar en “protestas pacíficas para exigir sus derechos, en medio de restricciones crecientes que les han despojado de sus libertades”.

También “han restringido” su derecho a la educación, “oscureciendo el futuro de millones de niñas afganas”, como lo ejemplifica que cuando, el pasado 17 de septiembre, reabrieron las escuelas de secundaria, los talibanes prohibieron la asistencia a las niñas que cursaban grados superiores al 6º excusándose en el hecho de que era “una situación temporal mientras contrataban a más maestras y garantizaban que había condiciones ‘apropiadas’ para la educación segregada por género”. Hasta la fecha, no se ha activado ninguno de estos planes.

Ante todo lo descrito, Yamini Mishra aseveró que “no debemos quedarnos de brazos cruzados, mirando mientras colapsan los derechos humanos de toda una población. Una respuesta internacional firme, significativa y unida es la única esperanza de poner fin a la pesadilla que el pueblo afgano soporta desde hace ya un año”.