Según informó la organización de derechos humanos, las autoridades estatales, autonómicas y locales han diseñado una normativa urbanística que ha permitido y sigue permitiendo la edificación en zonas inundables sin medidas eficaces de adaptación al cambio climático.

La entidad alertó de que, transcurrido un año desde la dana, no se ha aprobado la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) ni se han reformado normas estatales sobre gestión de riesgo de inundaciones.

Por el contrario, las autoridades autonómicas valencianas han diseñado un urbanismo "exprés" que flexibiliza los procedimientos y permite continuar aprobando proyectos urbanísticos en los municipios afectados, poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de las personas.

Amnistía Internacional presentó el informe 'Llueve sobre mojado. La dana: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda', en el que considera que la situación supone una vulneración clara de derechos humanos.

La organización recordó que "el derecho a la vivienda no fue debidamente protegido por las autoridades antes de la dana y continúa sin serlo en la actualidad".

Subrayó que las inundaciones de 2024 constituyeron "un fenómeno extremo en un contexto de vulnerabilidad estructural que puede repetirse".

Asimismo, destacó que la Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor extensión de zonas inundables de España, donde habitan aproximadamente 600.000 personas.

Gran parte de la edificación en los municipios más afectados por la dana se realizó en zonas que ya fueron identificadas como inundables en 2003, aumentando la exposición de la población a futuras catástrofes naturales.

El informe reveló también que alrededor de 60.000 personas migrantes víctimas de la dana, muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados, se han encontrado con barreras estructurales para cumplir los requisitos de las ayudas. Estas dificultades incluyen la falta de empadronamiento, del número de identificación de extranjero (NIE), de un contrato de arrendamiento o de la titularidad de una cuenta bancaria.

En esta línea, la organización denunció que esta situación "las discrimina de manera indirecta y les aleja de las ayudas y de su condición de personas afectadas".

De otro lado, Amnistía Internacional solicitó de manera urgente a las autoridades autonómicas y locales una moratoria que paralice los proyectos urbanísticos en los municipios afectados hasta que se apruebe la revisión del Patricova. Explicó que "el fin de esta medida debe ser la prevención de riesgos y la protección del derecho a la vivienda".

Advirtió de que, a pesar del contexto de cambio climático y las advertencias de organismos internacionales, la normativa urbanística sigue permitiendo la construcción en zonas inundables. Concluyó con una crítica a las distintas administraciones que han desarrollado un ordenamiento jurídico que "establece limitaciones pero no impide la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables".