Lo puso de manifiesto tras la publicación de la investigación ‘They are shooting brazenly: Iran´s militarized responde to May 2022 protests’ ('Están disparando descaradamente: La respuesta militarizada de Irán a las protestas de mayo de 2022', en español), un trabajo que documenta que las fuerzas de seguridad iraníes efectuaron “disparos ilegítimos de munición real y perdigones” para reprimir unas protestas pacíficas contra el aumento de los precios de los alimentos y el derrumbe de un edificio que causó varias muertes.

AI verificó la muerte de tres personas durante las protestas y documentó “una constante de heridas de perdigón entre manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, que constituyen tortura”.

Del mismo modo, las autoridades decretaron cortes de Internet e interrupciones en la red de telefonía móvil con el objetivo de “bloquear la capacidad de la gente de comunicarse entre sí y para ocultar sus delitos”.

En ese sentido, la directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Diana Eltahawy, comentó que la represión de las manifestaciones “puso al descubierto una vez más el absoluto desprecio por la inviolabilidad de la vida humana y las normas jurídicas internacionales sobre el uso de la fuerza y armas”.

Ante la probabilidad de que “la indignidad legítima” de los iraníes provoque más protestas, Eltahawy conminó a la comunidad internacional a obligar a Irán a “rendir cuentas”, ya que, de lo contrario, sus fuerzas de seguridad “continuará sintiéndose envalentonadas para matar y herir a quienes se manifiestan”.

Para ello, exhortó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a poner en marcha un “mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en Irán que posibiliten la interposición de actuaciones judiciales futuras”.

Para investigar el “uso ilegítimo de la fuerza” por las autoridades iraníes, AI examinó y analizó imágenes de vídeo, declaraciones oficiales e información de medios de comunicación estatales, y habló con defensores de los derechos humanos y con periodistas que estaban en contacto con las personas y con las comunidades afectadas.

La ONG concluyó que las fuerzas de seguridad iraníes demostraron un “absoluto desprecio por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad al reprimir las protestas generalizadas por el aumento de los precios de los alimentos” en la provincia de Juzestán a principios del mes de mayo, que luego se extendieron a las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari.

Lo sucedido, según Amnistía Internacional, es el reflejo de la “creciente militarización de la actuación policial en las protestas en años recientes, que ha provocado la muerte a cientos de manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, y heridas a miles más desde diciembre de 2017”.

Todo ello responde a “la crisis de impunidad sistemática” de Irán, “que ha dejado sin investigar y castigar crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios injustificados por las fuerzas de seguridad”.