La ONG solicitó datos sobre las devoluciones realizadas, el acceso al asilo, la situación de los menores no acompañados y las garantías aplicadas a las personas migrantes, además de aclaraciones sobre posibles denuncias de uso excesivo de la fuerza, según detalló en un comunicado.

Amnistía recordó que el Tribunal Supremo exige que cualquier actuación en frontera respete los derechos humanos, incluya una evaluación individual de cada caso y permita solicitar protección internacional. También señaló que Naciones Unidas instó el pasado año a España a abstenerse de aplicar devoluciones sumarias y expulsiones colectivas en frontera.

La organización mostró asimismo su preocupación por la situación de los menores no acompañados llegados a Ceuta, especialmente por las informaciones sobre niños y adolescentes que continúan sin alojamiento adecuado. Por ello, reclamó una identificación rápida de estos menores, su incorporación al sistema de protección y el acceso a asistencia jurídica, psicológica y a los procedimientos de asilo.

Amnistía pidió, además, al Ejecutivo que haga público cualquier acuerdo con Marruecos sobre devoluciones y reiteró que la gestión de la frontera debe respetar los derechos humanos de todas las personas, con independencia de cómo hayan llegado a territorio español.

Finalmente, la ONG enfatizó que "entendiendo muy bien las difíciles circunstancias que las autoridades, fuerzas de emergencia y las fuerzas de seguridad han enfrentado en los últimos días es esencial evitar reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas", y pidió a las autoridades "que se opongan firmemente a este discurso y que se tomen con prontitud medidas urgentes.