Según explicó Amnistía Internacional en un comunicado, entre 2024 y 2025, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades, defender derechos humanos, operar, y acceder a recursos.

Amnistía Internacional advirtió de estas normas en países americanos en la presentación de su nuevo informe ‘Rompiendo el tejido social El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas’.

Así pues, Amnistía denunció que estos países intensifican su “ofensiva contra la sociedad civil” y les instó a garantizar que cualquier regulación de las OSC cumpla con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; facilitar el acceso a financiamiento nacional e internacional sin restricciones indebidas, y abstenerse de criminalizar la labor legítima de defensa de derechos humanos.

Asimismo, la organización llamó al Grupo de Acción Financiera Internacional y a la comunidad donante a rechazar el uso indebido de estándares financieros como pretexto para limitar el trabajo de la sociedad civil. “Proteger el derecho a organizarse es proteger el corazón mismo de los derechos humanos”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

PATRÓN REGIONAL

La organización internacional aseguró estar ante un “preocupante patrón regional”. Las ‘Leyes anti-ONG' reflejan el avance de prácticas autoritarias que buscan “silenciar las voces críticas y consolidar el poder a cualquier costo”, afirmó Piquer. El análisis comparado de Amnistía Internacional identificó elementos comunes en las legislaciones adoptadas en la región.

En todos los países analizados, las nuevas leyes contra organizaciones sociales estuvieron precedidas por fuertes campañas de estigmatización impulsadas por autoridades y legisladores, que calificaron a las ONG como “enemigos internos”, “agentes extranjeros” o “antipatrias”. Estas narrativas generaron desconfianza social, intimidación y, en casos como Paraguay, incluso expresiones racistas y misóginas.

Las leyes fueron aprobadas sin consulta pública, con justificaciones formales como la transparencia o la lucha contra delitos financieros, pese a existir ya mecanismos suficientes, según dijeron desde Amnistía Internacional. Su rapidez, la falta de evidencia y la ausencia de análisis de impacto apuntan a un objetivo real: aumentar el control estatal sobre la sociedad civil.

Las normativas incluyen definiciones vagas como “orden público” o “actividad política” que permiten aplicar las leyes de forma selectiva contra voces críticas. Imponen registros obligatorios, autorizaciones previas prohibidas por estándares internacionales y exigencias burocráticas excesivas que desvían recursos de la labor social. En países como Venezuela, estos requisitos opacos obstaculizaron el trabajo de organizaciones de derechos humanos.

El control del financiamiento es central porque hay restricciones a fondos internacionales, impuestos abusivos (como en El Salvador) y trabas previas que afectaron a proyectos esenciales, mientras algunos bancos y donantes condicionan su apoyo al cumplimiento de estas leyes, provocando reducciones y cancelaciones.

Las normas también obligan a divulgar información sensible sobre donantes y beneficiarios, lo que, en contextos hostiles, expone a personas defensoras, colectivos Lgtbi+, víctimas de violencia y pueblos indígenas a mayores riesgos de persecución.

Además, contemplan sanciones desproporcionadas: multas, congelamiento de cuentas, confiscación de bienes, suspensión o cancelación de personalidad jurídica e incluso sanciones penales. En Perú, una organización puede ser disuelta por representar a víctimas en litigios contra el Estado; en Nicaragua, estas medidas causaron cierres masivos.

Amnistía Internacional también aseguró que el impacto de esto trasciende a las organizaciones porque las comunidades pierden apoyo esencial para documentar abusos, acceder a justicia o defender derechos. Finalmente, la organización concluyó que estas leyes vulneran obligaciones internacionales, cierran el espacio cívico y consolidan prácticas autoritarias.