La organización denuncia la pasividad mostrada hasta ahora asu juicio por las autoridades españolas ante la grave crisis de derechos humanos que se vive a 200 kilómetros de nuestras fronteras y acompaña su misiva con 12.000 firmas de apoyo a sus peticiones, que se unen a otras 6.000 entregadas el año pasado.

AI solicita en su carta que el Gobierno español promueva el nombramiento de un Relator Especial de la ONU y que transmita públicamente al candidato que sea elegido en los próximos comicios como nuevo presidente de la República de Argelia, ya sea de forma drecta o a través de una declaración institucional, la petición de un compromiso serio con los derechos humanos, mediante la asunción de las siguientes recomendaciones:

- Asegurar que llevarán a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones pasadas y presentes.

- Adoptar medidas para poner fin a la impunidad de la que siguen disfrutando las fuerzas de seguridad, el ejército y las milicias paramilitares.

- Esclarecer la suerte de los desaparecidos y poner fin a la prática de la detención secreta.

- Poner término a la desigualdad y a la discriminación que la legislación argelina impone a la mujer.

- Proceder a un examen de la legislación en vigor, incluido el Código de Prensa, y de las leyes promulgadas o enmendadas entre 1992 y 1997 por órganos no elegidos democráticamente.

- Independizar el sistema judicial.

- Crear mecanismos que garanticen que todas las estructuras estatales, incluido el ejército y los servicios de seguridad, rendirán cuentas de us acciones a la sociedad civil.

- Asegurar juicios justos.

La Sección Española de AI asegura que ha mostrado reiteradamente su preocupación al Gobierno español por la situación en Argelia durante el año 1998 y en lo que va de año, sin que éste haya tomado ninguna iniciativa eficaz, bilateral o multilateral, para aliviar el sufrimiento de miles de personas, lo que contrasta con los frecuentes intercambios políticos y comerciales entre ambos países.