Así se recoge en una carta dirigida al presidente Sánchez, donde Amnistía expone sus seis prioridades en derechos humanos para estos seis meses de Presidencia española.

“No hay tiempo que perder. A pesar del adelanto electoral, con la Presidencia española de la UE, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de impulsar desde mañana mismo la protección de los derechos humanos”, reclamó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En primer lugar, Amnistía instó al Ejecutivo a Impulsar políticas de asilo y migración eficaces centradas en lograr una política europea de rescate en el mar, la solidaridad con personas refugiadas, los derechos humanos y el reparto de responsabilidades entre diferentes países.

Para ello, los barcos de los Estados han de coordinarse, y exigió "el fin de las devoluciones ilegales en las fronteras europeas".

También pidió situar los derechos humanos en el centro de la política exterior de la UE con terceros países y regiones, incluidos América Latina, Ucrania, China, Israel, los territorios palestinos ocupados, Sudán, Turquía, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.

En materia de comercio, seguridad energética, digital y otros desafíos globales, se debe intensificar la colaboración en defensa del sistema internacional de derechos humanos y su universalidad, prosiguió, y fortalecer el apoyo a los defensoras de derechos humanos.

Amnistía reclamó también al Gobierno que contribuya a impulsar una directiva sólida contra la violencia de género, que "proteja a todas las supervivientes por igual y que penalice la violación, garantizando una definición basada en el consentimiento".

En cuanto al mundo tecnológico, defendió un reglamento que contenga sólidas protecciones de los derechos humanos frente a posibles daños causados por sistemas de Inteligencia Artificial (IA), que persiga acabar con la vigilancia selectiva ilegal y garantice una mayor regulación de la industria de cibervigilancia.Por último, instó a impulsar una directiva sobre empresas y sostenibilidad firme y eficaz, que proporcione acceso a la justicia a las víctimas de los daños causados por sus operaciones en el exterior, y promover medidas audaces y respetuosas con los derechos humanos en la cumbre climática.