Así lo anunció este jueves el Gobierno de Juanma Moreno en un comunicado en el que expuso las conclusiones del balance que ha hecho este departamento de las actuaciones realizadas en el sector de las entidades financieras y banca en los últimos cinco años, periodo en el que se registraron 4.241 reclamaciones y denuncias presentadas por consumidores y usuarios, la “mayor parte” relacionadas con las cuentas corrientes y otros servicios bancarios y que se tradujeron en sanciones de la administración por valor de más de 22 millones de euros por “diferentes irregularidades”.

En concreto, Consumo llevó a cabo 448 actuaciones, motivadas por las reclamaciones y denuncias presentadas y como consecuencia de actuaciones de oficio previstas en campañas de inspección y, de esas inspecciones, 232, el 52% del total, resultaron con “irregularidades”.

Con motivo de dichas “irregularidades”, desde Consumo se resolvieron 275 procedimientos sancionadores en el ámbito bancario y financiero, lo que supone una media de 55 expedientes cada año y el importe total de estas sanciones fue de 22.023.498 euros, con un importe medio de sanción de 80.085 euros.

Las infracciones “más habituales” que fueron sancionadas en estos procedimientos sancionadores estuvieron relacionadas con acciones como introducir cláusulas “abusivas” en los contratos; realizar prácticas comerciales “desleales”; cobrar precios “superiores a los anunciados”; incumplir las obligaciones de información, de las condiciones de prestación del servicio y de información en cartelería o folletos publicitarios; no responder en plazo a la hoja de reclamaciones; no disponer de libro de hojas de reclamaciones; suministrar libro de hojas de reclamaciones no oficiales y no atender “en tiempo o forma” los requerimientos formulados por la administración.

CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN

“Desde la Dirección General de Consumo se incide en la inspección de este sector a través de las campañas de inspección sobre el sector de entidades financieras y banca y a través de las denuncias de consumidores que generan igualmente actuaciones de control a los bancos”, abundó el ejecutivo andaluz.

Entre las campañas llevadas a cabo en este periodo, hizo hincapié en la realizada para comprobar la existencia de cláusulas “abusivas” en los contratos de préstamos y créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda y el control desarrollado sobre préstamos al consumo en 2019 y señaló que, como consecuencia de las actuaciones de vigilancia realizadas, se resolvieron 38 procedimientos sancionadores por casi 17,5 millones de euros.

Junto a ello, resaltó también la campaña desarrollada en 2022 de inspección de entidades bancarias, en la que se analizaron las condiciones generales de contratación de contratos de cuenta corriente y de ahorro y de tarjetas de crédito y débito, habiéndose resuelto cinco procedimientos sancionadores, con una sanción de casi 3,9 millones de euros.