El Ejecutivo andaluz informó en un comunicado que está trabajando ya en el diseño de un paquete de medidas con las que profundizará en el objetivo de reducir el consumo energético de la Administración autonómica y hacer más eficientes energéticamente sus sedes administrativas, así como otros edificios públicos.

Para ello, utilizará las posibilidades que le brinda la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (Redeja), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, y que ya viene realizando acciones de mejora de la eficiencia energética desde diferentes ámbitos.

Uno de los principales servicios que presta Redeja es la gestión de un contrato centralizado que engloba 5.000 puntos de suministro eléctrico entre hospitales, institutos, instalaciones deportivas, oficinas administrativas y universidades andaluzas y que, por primera vez en Andalucía, garantiza que el 100% del suministro procede de energías renovables, lo que contribuye a una disminución de 500.000 toneladas de CO2 anuales, un ejemplo del esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía para materializar su compromiso de luchar contra el cambio climático y la descarbonización de la economía.

La ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; auditorías energéticas con el objetivo de definir las acciones necesarias a acometer; el análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y fomento del autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes son algunas de las medidas que recoge el plan.

Entre las iniciativas que la Administración autonómica ya tiene puestas en marcha en línea con su compromiso medioambiental y de ahorro energético destacan el Plan de Inversiones Redeja para mejorar la eficiencia en edificios como sedes judiciales y hospitales, por ejemplo, en los que está invirtiendo 27 millones de euros financiados con fondos Feder, así como el impulso de una contratación centralizada para la realización de estudios energéticos en edificios públicos que permitirá optimizar costes y agilizar los procedimientos para la contratación de estos informes.

Asimismo, desde el pasado mes de febrero, la Junta cuenta con una nueva flota de 147 vehículos 100% eléctricos, que han supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros (cofinanciados a través del programa Moves), y durante la última legislatura los 10 programas de ayudas gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía para instalar autoconsumo en hogares y empresas, para almacenamiento, para mejorar la eficiencia energética de viviendas, negocios e industrias, y para apostar por la movilidad sostenible han movilizado inversiones cercanas a los 1.730 millones de euros para la realización de más de 38.800 proyectos de mejora energética en Andalucía.

El informe presentado por el consejero recoge el análisis de las medidas que contempla el Real Decreto-ley 14/2022 aprobado por el Gobierno de España y que desde la Junta de Andalucía "no compartimos ni en las formas ni en el fondo", según explicó Jorge Paradela, ya que "no ha contado con la participación de las comunidades autónomas ni con los municipios españoles y tampoco ha querido escuchar a los sectores económicos afectados por estas medidas".

A juicio del consejero, "las comunidades autónomas, en el ejercicio de nuestras competencias, deberíamos establecer las medidas propias adaptadas a nuestro territorio y así cumplir con los objetivos de ahorro, pero sin imposiciones, de la misma forma que lo ha hecho la Unión Europea con España".

Andalucía, que comparte los objetivos de reducción del consumo de energía en solidaridad con los socios europeos, defiende medidas consensuadas y dialogadas, y defiende la vía de los incentivos para contribuir con el ahorro y la eficiencia energéticas, en lugar de optar por la obligación y las sanciones, como hace el Gobierno central.

Y para poder avanzar hacia un nuevo modelo energético basado en las energías verdes, Jorge Paradela ha insistido en que Andalucía necesita más inversión en infraestructuras de la red de transporte y evacuación para atender el potencial de proyectos renovables con el que cuenta la comunidad.

Andalucía cifra en 736 millones las inversiones necesarias en infraestructuras eléctricas sobre la base de lo que le corresponde por peso poblacional, superficie o consumo eléctrico. Según un informe de la Agencia Andaluza de la Energía, la densidad de la red de transporte por habitante es un 42% inferior a los valores medios peninsulares, es decir, la comunidad cuenta con 712 kilómetros de red por cada millón de habitantes frente a los 1.231 kilómetros de media en la Península.