Juan Antonio Delgado, portavoz adjunto de Por Andalucía, y Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, explicaron esa iniciativa a los periodistas en el Parlamento de Andalucía.

Esa propuesta está en fase de estudio y se encuentra muy avanzada, y parte de una proposición de ley registrada por Unidas Podemos el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados, la cual decayó con el adelanto de las elecciones generales al pasado 23 de julio.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, y Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, pactaron el pasado 4 de octubre crear un grupo de trabajo con miembros de ambas Administraciones para, en el plazo aproximado de un mes, encontrar una solución a los agricultores que se quedaron fuera del plan de regadíos de la Corona Forestal de Doñana de 2014. Con ello, quedó paralizada la proposición de ley del PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno de ese espacio protegido.

Delgado comentó que, al margen de ese posible acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, “la espada de Damocles va a continuar estando sobre Doñana”.

“Estamos trabajando precisamente para encontrar una solución definitiva y para que Doñana no dependa de una negociación económica cada dos, cada tres o cada cuatro años porque ahora parece ser que es una negociación puramente económica”, indicó.

CUATRO ARTÍCULOS

La iniciativa de Por Andalucía supondría dotar de personalidad jurídica propia el Espacio Natural de Doñana y su entorno, a pesar de que esa zona cuenta con figuras de protección como parque nacional, parque natural, reserva de la biosfera, Zona de Especial Protección de las Aves y Patrimonio de la Humanidad.

España cuenta con un primer precedente de dotar de personalidad jurídica a un ecosistema. Se trata del Mar Menor y su cuenca (Murcia), tras una iniciativa legislativa popular aprobada en el Congreso en septiembre del año pasado.

Lo mismo ocurre con otros lugares internacionales, como los ríos Whanganui en Nueva Zelanda y Atrato en Colombia, y el lago Erie en Canadá y Estados Unidos.

Esa nueva figura de protección dotaría a Doñana de los derechos a existir y a evolucionar naturalmente, a la protección, a la conservación y, en su caso, a la restauración.

“Lo que estamos planteando es una iniciativa jurídica que blinde el Parque Nacional de Doñana y su entorno, es decir, estamos hablando del Parque Nacional de Doñana, que son unas 54.000 hectáreas y su entorno, que serían 74.000 hectáreas más”, comentó López de Uralde.

El coordinador federal de Alianza Verde subrayó que Doñana es “un caso similar” al Mar Menor, es decir, “un espacio con un gran valor ecológico y, sin embargo, enormemente amenazado por diversos factores”.

“Hoy estamos hablando de la ley que legaliza los regadíos, pero hay muchos otros factores. Con propuesta muy sencilla lo que haríamos sería blindar jurídicamente a Doñana y su entorno. ¿En qué consiste la propuesta? Son solamente cuatro artículos muy sencillos, pero de un gran peso legal y de un gran peso político”, concluyó.