Así lo anunció este sábado el Gobierno andaluz en un comunicado en el que precisó que la campaña se enmarca en el Plan Anual de Inspección de 2022, que prevé alrededor de 8.000 actuaciones a lo largo del año.

Tras recordar que el consumo, “virtual o físico, debe ser responsable”, subrayó que dicha campaña de inspección es llevada a cabo por los servicios provinciales de consumo y avanzó que los objetivos serán el control legal del lugar de establecimiento así como la identificación de la empresa, oferta, condiciones generales de contratación, prácticas comerciales desleales, contratos y quejas y reclamaciones.

La anterior campaña de inspección de comercio electrónico, correspondiente al ejercicio 2021, comprendió a nivel autonómico un total de 313 actuaciones inspectoras en 312 páginas web comerciales, de las cuales 195 finalizaron con actas positivas, lo que supuso un 62% del total de las actuaciones realizadas, según la Junta.

Como “principales incumplimientos” destacaron el hecho de no facilitar la información sobre las características esenciales del producto o servicio; no aportar información sobre la identidad del empresario, incluido su nombre comercial; no aparecer el precio total de los bienes o servicios o la forma en la que se determina el precio o no indicar la fecha de entrega del producto.

Además, fueron comunes incumplimientos como no ofrecer la información alimentaria obligatoria conforme establece la normativa de aplicación o no incluir en el sitio web un enlace que permita un acceso “identificable y fácil” para que el usuario pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre los bienes y servicios ofertados o contratados.

La administración andaluza recordó que, antes de comprar o adquirir algún producto o servicio a través de Internet, es “conveniente” comprobar la información legal del comercio, que el dispositivo con el que se realiza la compra esté “debidamente configurado y protegido” e identificar al responsable de la página web o proveedor.

En paralelo, urgió a “asegurarse” de poder ejercer el derecho de desistimiento si fuera necesario, hacer el pago mediante la autorización del cargo en una tarjeta de crédito siempre que no exista la posibilidad de hacerlo contra reembolso, mantener copias de las operaciones de compra realizadas o escoger una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo como "garantía".