El secretario general de Anesdor, José María Riaños, que dio a conocer la postura de la asociación en una rueda de prensa, señaló que las medidas “no son las correctas” porque “tendrán un alto coste económico para los consumidores y los fabricantes”.

Además, recriminó al titular de Interior que no tenga en cuenta al sector para aprobar las medidas y que estas “todavía no se hayan concretado”. Riaños afirmó que el sector se encuentra “muy preocupado y descontento con las medidas” y que pueden “generar un desembolso muy grande para las familias” por lo que “quitará competitividad a nuestro sector”.

Riaños destacó que, si bien los datos de siniestralidad “han aumentado en más de un 20% en los últimos años, hay que poner encima de la mesa el contexto”. Según Anesdor, el problema de este aumento de la siniestralidad está fomentado por el “crecimiento que vive el sector” y porque 2023 “fue un año muy cálido lo que ha generado que este transporte se haya usado prácticamente todo el año”.

En cuanto a las medidas impulsadas por Interior, Anesdor señaló que los cursos de recuperación de puntos específicos para motoristas, los cursos voluntarios de conducción segura y los cursos periódicos para empresas con trabajadores que utilicen motocicletas son medidas con las que “están de acuerdo y que, pese a que la siniestralidad no bajará mucho, son medidas muy producentes”.

En cuanto al uso obligatorio de guantes certificados en carretera, la asociación la describió como “una medida muy productiva” y que “servirá para mejorar la seguridad de los motociclistas”.

Las medidas que, según Anesdor “son contraproducentes y no van a tener un calado real” y por las que muestran su "insatisfacción” son el uso obligatorio del casco integral o modular en carretera porque "por lo general, la gran mayoría de motoristas lo usan” y los cursos obligatorios para la equivalencia del carné B/A1.

En cuanto a este último punto, Riaños apuntó que “es una medida dirigida a conductores con muchos años” y que estas “no tendrán gran aval”. Además, añadió que la medida “también afectaría a la movilidad urbana” y que “estaremos perjudicando a todo aquello que estamos buscando a la nueva movilidad”.

Por eso proponen al Gobierno y, en especial, a Grande-Marlaska, mejorar la dotación presupuestaria destinada a la seguridad vial de motocicletas, la creación de grupos de trabajo de expertos en motocicletas para trabajar en las mejora de la seguridad vial, crear análisis y estudios en profundidad sobre la situación actual de la siniestralidad en motos, la actualización del parque móvil, “que tiene una media de 17 años", y la mejora de medidas existentes y la prioridad técnica de análisis de las medidas propuestas.