En un comunicado, Anpier resalta sobre todo del decreto la "disposición clave" que contiene para las "62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España", "puesto que resolvía, al menos de forma temporal, una disfunción normativa que penaliza económicamente a este colectivo", relativa a horas mínimas de producción.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, insta a los grupos parlamentarios a "reparar este desajuste grave para tantas familias en la primera ocasión que sea posible”. También solicita al Gobierno que ponga los medios necesarios para “evitar el desastre económico que una interpretación inadecuada de una norma posterior a la regulación que ordena las instalaciones pioneras actúe de forma tan agresiva en un ámbito para el que no estaba diseñada, tal y como se justificaba en el propio real decreto Ley que ahora ha quedado sin efecto”.