Además, aseguró que la nulidad por parte de los tribunales de la norma estatal obliga a Uber y Cabify a dar cuenta del registro de todos sus servicios. “Ante la sorpresa por las informaciones vertidas”, Antaxi calificó estos hechos de “interesados” por parte de los VTC y señaló “que no responden a la realidad”.

Julio Sanz, presidente de Antaxi, dijo que “el uso y abuso de los medios de comunicación para difundir noticias falsas es algo que se ha intensificado en los últimos años, esto no es nada nuevo, pero ya el emplearlos para rebatir normas validadas por el Tribunal Supremo es una práctica amoral más allá de la desinformación, que demuestra una falta de ética muy grave”.

Para Sanz, este truco “de manual” va más allá de un “vacío legal”. “No es simple picaresca, es una mala práctica con fines bochornosos porque, en realidad, el Tribunal Superior de Justicia juzga un acto administrativo, como es la resolución de cuándo entra en vigor dicho registro. No el registro en sí que, como hemos indicado, sigue en funcionamiento y continúa declarado legal por parte del Tribunal Supremo”, señaló Sanz.

Antaxi solicita de esta manera al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ejerza su potestad regulatoria y de supervisión avalada por el Tribunal Supremo y que lidere o ponga en práctica las medidas necesarias de vigilancia y control sobre los servicios del VTC, trasladando estas acciones a las Comunidades Autónomas para que los cuerpos de inspección sigan ejerciendo de manera efectiva esta necesaria actividad de vigilancia.

Por último, indicó que, “de no realizar este registro obligatorio, los VTC se exponen a una sanción por aplicación del decreto de aplicación de la página web de control, que continúa en vigor”.