"¿Para qué han servido?", preguntaron fuentes de la formación, que en su día participó en la fundación de Podemos bajo el nombre de Izquierda Anticapitalista y se escindió de este partido cuando formó el Gobierno de coalición con el PSOE en 2019. También se opuso de antemano a un posible Ejecutivo junto a los socialistas en Andalucía, para el que en todo caso no dieron los números.

“Consideramos que esta situación evidencia los límites de una izquierda cuya mera función es gestionar un sistema pensado contra la mayoría, contra las trabajadoras y los trabajadores”, denuncian, tratando de postularse, por el contrario, como una alternativa política independiente de los Gobiernos y de los intereses económicos.

“Frente a una extrema derecha que intenta que la rabia se dirija contra las personas más vulnerables, necesitamos una izquierda que señale y luche, sin renunciar a nada, contra quienes hacen negocio con los derechos de la mayoría; una izquierda que venga a transformar y no a gestionar”, marcó distancias Anticapitalistas, que en las elecciones autonómicas y municipales de mayo tendrán que enfrentarse previsiblemente a Sumar y a Podemos.

La federación madrileña del partido, que estuvo en la concentración contra el desahucio de Maricarmen Abascal en Retiro y también en el menos mediático de David en Villa de Vallecas, estima que "la principal lección de estos siete años" que se ha tardado en desahuciar a la octogenaria "es que la organización de la clase trabajadora permite plantar cara a quienes están dispuestos a todo por garantizar sus beneficios", pero también que hay que "enfrentarles en el terreno político para transformar este sistema de arriba abajo”.

UNA ESTRUCTURA

Para Anticapitalistas Madrid, el caso de Maricarmen revela que la vivienda “es tratada como un activo financiero y en ningún caso como un derecho", y que "políticos, jueces y policías conforman una estructura pensada para garantizar los beneficios inmobiliarios”.

Por un lado, señaló al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que organizó, con el foro District, un "evento mundial que reúne a especuladores inmobiliarios", cuya consecuencia es, a su juicio, "que los fondos conviertan nuestras viviendas en activos financieros”.

Sin embargo, los Anticapitalistas también acusan al Ejecutivo central de no haber adoptado “ninguna medida efectiva para impedir esta situación y que los grandes propietarios y fondos de inversión sigan imponiendo sus condiciones en el mercado de la vivienda".

En particular, se reafirman en su diagnóstico de que la Ley de Vivienda es "completamente inútil". A su modo de ver, “el Gobierno central tiene herramientas para intervenir, pero se niega a enfrentarse a las lógicas del beneficio privado".