Aunque el propio presidente el PP, Pablo Casado, denunció que tenía conocimiento de varios contratos por los que Tomás Díaz Ayuso habría cobrado un montante de 286.000 euros, la presidenta madrileña aclaró que su hermano cobró en realidad 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, que fue la adjudicataria del contrato, por sus gestiones para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid.

En un decreto de Anticorrupción dirigido por Alejandro Luzón, el Ministerio Público reclama el contrato sospechoso para estudiar si hay indicios de delito. Díaz Ayuso ya anunció ayer lunes que remitiría a la Fiscalía la documentación que obra en poder de la Comunidad de Madrid.

Los grupos parlamentarios que han denunciado estos contratos creen que la presidenta madrileña podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación.

En el decreto, Anticorrupción recoge que las tres denuncias presentadas expresan "claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta".

Por ese motivo la Fiscalía considera que "resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados", es decir, el Ministerio Público no anticipa el tipo delictivo en el que se podría haber incurrido.

Entiende Luzón, que firma el documento, que es necesario iniciar pesquisas en atención al “al recto y normal funcionamiento de la Administración Pública" y a "la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

En caso de que las pesquisas iniciadas por la Fiscalía arrojen indicios delictivos, el Ministerio Público presentará una querella ante el Tribunal Supremo, ante el que es aforada la presidenta madrileña y los miembros de su gobierno.

Ayuso explicó que su hermano cobró 55.850 euros más IVA por la compra y envío a España de un cargamento de mascarillas FFP2, aunque en realidad se recibieron KN95 más baratas, en 2020. En ese año, Tomás Díaz Ayuso cobró otras tres facturas por su actividad comercial, de los que la Comunidad de Madrid se niega a dar detalles porque, según dijo la presidenta, no tienen que ver con las administraciones públicas.

El decreto recoge que el pasado 18 de febrero de 2022, Anticorrupción recibió las tres denuncias por la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el día 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más IVA y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive, S.L., en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A las denuncias de Grupos Socialista y Más Madrid se acompaña copia de la resolución del expediente de contratación, junto a noticias de prensa que se hacen eco de la misma y el “Comunicado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tras las noticias sobre presunto intento de espionaje”, de 17 de febrero de 2022.

A la denuncia de Más Madrid se incorporan, además, unos mensajes de texto recibidos en el teléfono de su portavoz, Mónica García Gómez, en los que se alerta sobre la posible ilegalidad de esta contratación así como varias peticiones de comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.

Ayer lunes, recoge la Fiscalía, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid remitió la documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; documento contable aprobado y diligencia de toma de razón de contabilidad del mismo; Memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud; anexo a la Memoria; hoja de pedido del 1 de abril de 2020; documento contable RC (retención de crédito); diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC; resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, informe del viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2022.

Pese a la falta de concreción de las denuncias, Anticorrupción considera “procedente” la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y lo justifica por “la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, (…) y, en segundo lugar, por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña”.

Anticorrupción advierte de que la “secuencia de hechos” denunciados no permiten “en estos momentos, “acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”.