Para respaldar esta afirmación, Luzón explicó en Aldama hizo una declaración ante la Audiencia Nacional de cuyo contenido no tenía conocimiento previo la Fiscalía, que conoció su contenido en el mismo momento.

Más tarde, esa declaración la repitió en el Tribunal Supremo reconociendo los hechos y asumiendo un posible reproche penal, lo que supone la aplicación de un atenuante, que es lo que motiva la petición reducida de pena. “No es una declaración premiada”, aseguró el fiscal, “sino que esa menor pena es la que establece el Código Penal en su artículo 21”.

En este caso la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.