Considera que todos ellos participaron en la creación y gestión de un grupo parapolicial que trató de eliminar pruebas que pudieran incriminar al PP y les atribuye delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad.

Con todo, la mayor pena que pide la Fiscalía es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se enfrenta a 19 años de prisión por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. El objetivo último de la operación era recuperar pruebas de la financiación irregular del PP.

Anticorrupción pide, además, dos años y medio de cárcel para el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas por encubrir los hechos, y 15 años de prisión para el que fuera chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Según la acusación, Ríos les espió, cobró más de 52.000 euros de los fondos reservados y pactó entrar en la Policía a cambio de su colaboración con la trama. Queda fuera de la causa el comisario Enrique García Castaño por razones de salud.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado la acusación por obstrucción a la Justicia, a Jorge Fernández Díaz, al que acusa de otros tres delitos y para el que pide 13 años de cárcel. A Olivera le retira la acusación por encubrimiento, aunque mantiene otro delito y deja de acusar a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.

DUDAS SOBRE LAS ÓRDENES

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la familia Bárcenas, también ha retirado la acusación contra estos dos últimos y Olivera, así como las acusaciones populares de PSOE y Podemos, por lo que los dos inspectores jefe, contra los que no había acusación de la Fiscalía, ya han quedado absueltos.

Ambos declararon en la sesión de este lunes presentándose como simples cumplidores de órdenes. También declaró José Luis Olivera, que diseñó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. El fiscal preguntó a Olivera si recibió una llamada del ministro Fernández Díaz mientras estaba en una cafetería con Morocho para reforzar su ofrecimiento de un puesto lejos de las investigaciones contrarias al PP. Olivera ha dicho que quien le llamó fue su mujer, que les invitó a cenar a ambos en casa y que Morocho aceptó.

El testimonio de Morocho fue clave en la investigación y en el juicio, puesto que desarmó la idea de que todos ellos participaron en una operación legal para encontrar el dinero oculto de Luis Bárcenas, cuando en realidad lo que buscaban era hacerse con las pruebas que pudiera tener el extesorero del PP sobre la caja B del partido.