Anticorrupción entiende que Koldo García incrementó su patrimonio de manera “notable” entre 2020 y 2022 y cifra en 1,5 millones de euros ese enriquecimiento que “no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales”. Además, señala que ese aumento se produce solo cinco meses más tarde de que se realizaran las adjudicaciones por lo que se sospecha de otra fuente financiera “de origen desconocido”.

La Fiscalía cree que García se sirvió de miembros de su familia para tratar de ocultar la adquisición de nuevos bienes. Así, puso a nombre de su hija menor una de las viviendas que compró en metálico.

El escrito sostiene que Koldo García habría tenido participación en los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y que hay indicios suficientes para imputarle un delito de organización criminal dirigida a lograr la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario, por lo que habría cobrado comisiones en calidad de mediador.

La Fiscalía sostiene que el primero de los contratos investigados fue el suscrito por Puertos del Estado por 20 millones de euros, cuando Koldo García era integrante de su Consejo Rector. Tras éste, se adjudicó un nuevo contrato por ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, que estaba en ese momento bajo la dirección de José Luis Ábalos, del que era asesor. El monto de este contrato alcanzó lo 12,5 millones. Otros contratos investigados se suscribieron con la el Gobierno canario por 12,3 millones de euros; o con el Ejecutivo balear, por 3,7 millones.

En total, están bajo la lupa de Anticorrupción 13 contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. El Ministerio Público destaca que “la actividad social de la empresa adjudicataria no tiene relación directa con el objeto del contrato, la falta de comprobación de solvencia de la adjudicataria, y una cifra de negocio de 0 en el año 2019 frente a una cifra de negocio de 53,13 millones en el año 2020 por las adjudicaciones”.

La empresa era propiedad de Íñigo Rotaeche, que pasó este jueves a disposición judicial quedando en libertad. La sociedad está controlad por Grupo Cueto, vinculado con otro de los protagonistas de la trama: Víctor Aldama, que es el presidente del Zamora CF. La Fiscalía cree que Aldama obtuvo 5,5 millones, mientras que Juan Carlos Cueto, que es el titular de la mercantil, cobró 9,6 millones de euros. Las ganancias se transfirieron a cuentas radicadas en Brasil y en Luxemburgo para evitar que fueran detectadas.

Anticorrupción cree que el asesor de Ábalos se sirvió de su hermano, Joseba, de su mujer, Ana María Rodríguez, y de su hija menor de edad para ocultar la titularidad de las propiedades que adquirió con las comisiones. Y que con su hermano se hacía traspasos de importantes cantidades entre los años 2020 a 2022.

Además, según la querella, el empresario Rogelio Pujalte habría recibido 100.000 euros de la sociedad Deluxe Fortune, propiedad del presidente del Zamora, Víctor Aldama, que es uno de los imputados en la causa, y que podría haber avisado a Koldo García de que estaba siendo investigado. La conversación entre ambos se produjo el 3 de febrero y García llegó a decir a su interlocutor lo sabía “todo” y que no se preocupase.