Apartur considera que este acuerdo "vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a actividades económicas legalmente autorizadas, como los apartamentos turísticos". Este acuerdo, firmado entre el Ayuntamiento, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB, por sus siglas en catalán), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y el Ayuntamiento inicialmente informó que se trataba de un convenio para "informar y orientar" a las comunidades de propietarios sobre los procedimientos y las ventajas de dotarse de normas de regulación y convivencia para regular la instalación de actividades económicas.

Asimismo, señaló que los apartamentos turísticos fueron regulados de forma pionera en Barcelona desde 2012 y cuyo número fue limitado y se mantiene estable desde hace más de una década, con alrededor de 10.000 licencias legales que representan solo el 1% del parque de vivienda de la ciudad. Con la interposición del recurso, Apartur solicitó al Juzgado que admita la demanda y que declare la nulidad del acuerdo y del convenio, por exceder el propósito anunciado y por promover una actuación que afecta de forma sustancial a derechos adquiridos y actividades económicas regladas.

SUBVENCIONES ARBITRARIAS

La patronal también denunció que el acuerdo prevé la concesión de subvenciones por labores de difusión a las asociaciones firmantes del acuerdo sin procedimiento de concurrencia competitiva ni acreditación suficiente de las razones de interés público que exige la Ley General de Subvenciones para este tipo de ayudas excepcionales.

Además, se contemplan también subvenciones a los profesionales y comunidades de vecinos que redacten nuevos estatutos o modifiquen los ya existentes para limitar el uso turístico u otras actividades que “pueden tener consecuencias negativas en la convivencia de las fincas”, según el Ayuntamiento, hasta un presupuesto máximo de 100.000 euros.

Asimismo, denuncian que el convenio incentiva que administradores de fincas y profesionales jurídicos asesoren a las comunidades en un único sentido, dado que solo reciben la subvención si la comunidad adopta acuerdos restrictivos.

MALGASTAR DINERO

Apartur recordó que Cataluña estableció hace más de 10 años que una comunidad de propietarios podía limitar actividades turísticas en sus estatutos, siempre que dichos estatutos estuvieran debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad. Por tanto, la posibilidad de que una comunidad de vecinos impida el uso turístico en su edificio no es ninguna novedad. "La normativa sobre pisos turísticos del año 2012 ya lo preveía y la propia Administración y las asociaciones del sector informaron a los administradores de fincas de esta facultad, para que asesoraran a las comunidades que quisieran ejercerla", señaló Apartur quien indicó que no tendrá efecto alguno sobre la apertura o funcionamiento de nuevos apartamentos turísticos, ni sobre los ya existentes, dado que las modificaciones estatutarias no tienen carácter retroactivo, tal y como recoge la normativa catalana y la doctrina jurisprudencial.

"Destinar un presupuesto de 100.000 euros de dinero público a promover una actuación sin efectos prácticos y sobre una materia regulada desde hace más de una década refleja una gestión irresponsable de los recursos públicos, que podrían destinarse a reforzar políticas con verdadero impacto social, como la ampliación del parque de vivienda asequible o el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad”, señaló la directora general de Apartur, Marian Muro.