En su alegato final durante el juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, el representante de APIF citó la amnistía, el ‘caso Koldo’ y la investigación a familiares del presidente como algunos de los “problemas” que están “suponiendo auténticos quebraderos de cabeza al Gobierno" ante los que está “pretendiendo compensar de una manera informativa el dar un contra-problema, en este caso el de la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid".

La APIF cuestionó que García Ortiz pudiera tener acceso al correo cuya filtración se investiga por el mero hecho de ser fiscal general. Explicó que García Ortiz no tenía por qué tener ese acceso y “puso en marcha la maquinaria” para hacerse con él porque “no tenía la misma autorización" que el fiscal del caso "por mucho fiscal general del estado que fuera”. Y concluye que “lo pidió porque era el fiscal general del Estado y se amparó lisa y llanamente en superioridad jerárquica”.

El abogado de APIF hizo una comparación de lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo con otros delitos como los de violencia sexual en los que “cuando existe una múltiple, a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador queden impunes”.

El letrado también sacó a relucir la relación entre García Ortiz y la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien arrojó dudas sobre la actuación del fiscal general durante el juicio. Según el representante de APIF, Lastra "se ha jugado su futuro profesional por haber dicho la verdad" en la vista oral y anticipó que “no le van a renovar en el cargo”.

Esta acusación también denunció el intento de "zarandear machaconamente” a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte de la Abogacía del Estado, que trataba de invalidar la entrada y registros que se realizó en el despacho de García Ortiz.