Álvaro García Ortiz fue juzgado en el Supremo como autor de un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La pasada semana, el tribunal que lo juzgó adelantó su fallo condenatorio, por el que va a ser inhabilitado durante dos años.

Pese a que la sentencia aún no está redactada y, por tanto, la sentencia no es firme, García Ortiz decidió presentar su dimisión este lunes, tras lo cual el Gobierno propuso a Teresa Peramato para sustituirlo en el cargo.

La APIF, asociación conservadora dentro de la carrera fiscal, que ha mantenido una actitud beligerante contra las decisiones de García Ortiz durante todo su mandato, considera que la propuesta del Gobierno es de “continuidad” respecto de su antecesor puesto que “como él, ha sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales”.

Pese a esta valoración de partida, la asociación conservadora se mostró cautelosa a la espera de que Peramato supere todos las fases para el nombramiento y tome posesión, tras lo cual “tendremos que ver cómo se desarrolla su actividad como fiscal general del Estado”. Peramato tiene un perfil progresista y es experta en violencia de género.