Este estudio lo realizaron los expertos de la Universitat Politécnica de València y la Universidad de Jaén, José Antonio Pérez y Juan Hernández Armenteros, respectivamente, y se presentó este martes, con la participación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Este dato demuestra que “la memoria económica de la LOSU no refleja la realidad de los costes que exige su aplicación”, según los autores. Asimismo, señalan que estos costes “deben ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la Ley”.

La monografía eleva a 3.180 millones de euros adicionales, tras el último dato del Producto Interior Bruto (PIB) de septiembre, la aplicación del artículo 55, apartado 2, de la LOSU, que establece el compromiso de alcanzar una financiación pública, como mínimo, del 1% del PIB del conjunto del Estado en materia universitaria.

Actualmente, esta financiación se sitúa en el 0,75% del PIB, lo que implica un incremento del 0,24%, según los autores de la publicación, que advierten, además, de que la “memoria de la ley no valora el importe monetario que supondría este incremento del gasto público previsto en el artículo 55”. Asimismo, sostienen que este objetivo de gasto público “no se consultó con las haciendas autonómicas”.

Así, según el calendario de aplicación de la LOSU, en 2024 las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de las limitaciones horarias de los docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe de 225 millones de euros.

Además, para 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional para las universidades de 424 millones de euros.

Por su parte, la reposición anual de efectivos por jubilación del 120% llevará aparejado un coste adicional para las universidades públicas de 195 millones por el pago de la Seguridad Social, que, hasta ahora lo asumía el Estado, ya que los jubilados cotizaban a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

De no producirse una financiación adecuada, el informe alerta de que la LOSU será inaplicable por parte de las universidades públicas. Por ello, reitera que “los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben recoger necesariamente las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costes”.

En cuanto al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, el informe señala que es “necesario” reforzar la política de becas y ayudas al estudio por un importe de 1.000 millones de euros, priorizando las ayudas a las familias con bajas rentas.

Asimismo, para cumplir con el principio de equidad, el documento subraya que, para la asignación de recursos, “hay que tener en cuenta las desigualdades del PIB regionales y no la proporción del 1% de cada PIB regional”.

En la presentación del informe participaron, además de los autores, la presidenta de Crue y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón; el adjunto a la Presidencia, Juan Julià; y la secretaria general, María Teresa Lozano.

Alcón afirmó que “la aplicación de la LOSU es uno de los mayores retos” que tienen, y apeló a que esta “se debe desarrollar en cada uno de los campus universitarios”. Igualmente, añadió que desde las universidades están “convencidos” de que la Administración General del Estado “debe aportar los recursos necesarios a las comunidades autónomas y estas, a su vez, asumir su parte para la aplicación de la ley”, finalizó.