Estas y otras peticiones forman parte de las 16 conclusiones de un estudio de la APM sobre los juzgados de vigilancia penitenciaria, en el que se incluyen fuertes críticas al Gobiern, por su "acoso generalizado" a los jueces, en general, y a los de vigilancia penitenciaria, en particular, y al Consejo General del Poder Judicial, por la "tímida" respuesta a ese acoso.

El documento parte de los sucesos protagonizados por reclusos de permiso y del "oportunismo" del Gobierno para, al calor de esos acontecimientos, intentar recortar competencias a la figura del juez de vigilancia penitenciaria.

Por contra, la APM estima que el origen de este problema nace de la tramitación preciptada que tuvo la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de 1979.

"Su tramitación (LOGP)", se dice en el texto, "se llevó a cabo en unas circunstancias de manifiesta precipitación, debida, entre otras causas, a la grave conflictividad entonces existente en los establecimientos penitenciarios, conflictos surgidos, a su vez, por la concesión de reiteradas medidas de gracia que, a pesar de su amplia generosidad (amnistía de 1977), lógicamente no podían colmar las aspiraciones de toda la población reclua".

El espíritu constitucional, según la APM lleva a una reinserción, que es sólo un principio teórico, puesto que la experiencia enseña que "ni todos los condenados son susceptibles de reinsertarse socialmente ni lo admiten en igual medida; ni, desde luego, ello es posible si no se cambia el entorno social en el que el delincuente se desenvuelve (...)".

QUE HABLEN LAS VICTIMAS

En estas circunstancias, dice la asociación mayoritaria entre los jueces españoles, el Ejecutivo, que siempre "ha toleado mal" a los jueces de vigilancia penitenciaria, en un eterno conflicto de competencias sobre la libertad de los reclusos, no se ha recatado en criticar decisiones "indeseables" en función del preso beneficiado (ultra Fernández Cerra, entre otros).

"Afirmaciones más insidiosas que originales, procedentes de elevadas instancias públicas, han tendido durante las últimasa semanas a la descalificación del juez de vigilancia penitenciaria, y por extensión de todos los jueces, presentándolos antes la socidad como los últimos responsables de la comisión de aquellos execrables delitos (...)", afirma la APM en su informe.

En esta misma línea argumental, la APM advierte de la posible inconstitucionalidad en que incurriría el Gobierno si intenta "suplantar" al Poder Judicial por la vía de recortar competencias al juez de vigilancia penitenciaria.

Esta asociación hace un repaso de la labor de estos jueces, en el marco de la situación carcelaria, y concluye pidiendo: dotación de equipos de asesoramientotécnico (psicólogos, criminalistas), que en el proceso de concesión del permiso o la libertad intervengan las víctimas del recluso, y que la redención de pena sea sólo por "actividades reales" (en la práctica no hay control de los trabajos carcelarios, dice la APM).

Además, esta asociación quiere que se acabe con el "automatismo" con el que se concede actualmente el beneficio penitenciario, "debiendo denegarse en los casos en que no existe un informe-pronóstico fundado sobre la capacidad del interno d hacer vida honrada en libertad".