En un extenso comunicado de diez páginas, la APM argumenta que ese acuerdo, cuya firma está prevista para el próximo martes, "va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces y magistrados de este país".

Aunque ya ha ido expresando sus razones, la APM considera que una vez terminada la negociación "por la capitulación de otros, ha llegado el momento de explicar lo sucedido en este camino que, desde la lealtad a la carrera y a las otras asociaciones, siempre hemos creído que hacíamos juntos".

La APM se remonta a septiembre de 2021, cuando "las cuatro asociaciones judiciales nos reunimos y asumimos el compromiso de trabajar juntas en aquellas cuestiones que nos permitieran alcanzar mejoras para toda la Carrera Judicial en diferentes áreas: en políticas de igualdad y conciliación, en la situación profesional de los jueces jóvenes, en nuestra jubilación y, por lo que aquí interesa, en materia retributiva".

Subraya que se cerró un documento de reivindicaciones salariales fruto de "un trabajo serio, con propuestas estudiadas, con referencias a cantidades concretas, al estudio de diferentes complementos, al cobro de las guardias, de los trienios, a la actualización y supresión de determinados grupos de población, los grupos 4 y 5, etc".

El documento fue aprobado por las cuatro asociaciones judiciales y cuantificaba la pérdida de poder adquisitivo desde 2003 en un 22%, y con esa base pidieron la convocatoria de la Mesa de Retribuciones, que una vez fechada se suspendió "sine die" porque, según Justicia, se estaban tramitando los Presupuestos Generales del Estado y Hacienda "no quería tratar ninguna subida salarial de empleados públicos fuera de la subida que, con carácter general y en tres años, había pactado con los sindicatos para toda la función pública".

La APM prosigue su relato asegurando que, como consecuencia de la huelga indefinida convocada el pasado mes de enero por los Letrados de la Administración de Justicia, "asistimos a una realidad muy distinta a la que se nos había trasladado desde el Ministerio de Justicia", dado que se había acordado con Hacienda una subida lineal para este colectivo de entre un 10 y un 15%, "fuera de la subida general pactada con los sindicatos para toda la función pública".

Con ese escenario, las cuatro asociaciones decidieron "la adopción de medidas de conflicto, fundamentalmente, la huelga", que en el caso de los asociados de la APM contó con un 70% de respaldo en la consulta interna.

"Afirmar ahora que se desconvoca una huelga 'por el riesgo evidente de que pueda utilizarse políticamente una huelga que solo responde a un conflicto profesional dada su coincidencia con la convocatoria con el actual proceso electoral en curso' resulta, como poco, alarmante. Somos jueces, conocemos la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cuando decidimos hacer la convocatoria de huelga ya sabíamos que las elecciones iban a ser el día que marca la ley, el 28 de mayo", dice la APM.

Insiste, además, en que esa coincidencia no había respondido a su voluntad sino a la del Ministerio, que fue poniendo las fechas. "Si la motivación de otras asociaciones para convocar la huelga o para no hacerlo fue política, tendrán que explicarlo; desde luego, no fueron las razones que llevaron a la Asociación Profesional de la Magistratura a convocar una huelga indefinida".

La APM explica en su comunicado que durante la negociación con Justicia se rompió la "unidad de acción" de las asociaciones y que eso permitió a Justicia ofrecer una mejora salarial por debajo de las reivindicaciones iniciales.

Pese a ser una decisión difícil, la APM asegura que no puede firmar un acuerdo que considera "nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere profundamente y durante mucho tiempo nuestro régimen retributivo".