Si bien, el portavoz de la APM, Antonio García, declaró a Servimedia que, si el Ejecutivo venezolano finalmente toma esa decisión, los tribunales españoles deberán primero solicitar la extradición de los etarras para poder llevarles a juicio. Por ello, señaló que, en tal caso, el impedimento se produciría si Venezuela rechazara la extradicción.

A este respecto, el portavoz de esta asociación de jueces dijo que habrá que "analizar con determinación" la decisión de Venezuela, por las consecuencias que pueda tener, aunque, añadió, no es una cuestión que le corresponda a la judicatura sino a los políticos.